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    Bruselas cifra en unos 300 millones de euros los impuestos no abonados por GDF Suez en Luxemburgo

    BRUSELAS, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

    La Comisión Europea estima que el grupo francés GDF Suez (hoy Engie) se benefició de posibles ventajas fiscales indebidas en Luxemburgo frente a otras compañías en virtud de las cuáles dejó de pagar unos 300 millones de euros en impuestos que debía en los últimos años.

    El Ejecutivo comunitario anunció el pasado 19 de septiembre la apertura de una investigación en profundidad para determinar si pagó menos impuestos de los que debía en virtud de acuerdos fiscales con Luxemburgo, que permitieron tratar una misma transacción entre dos filiales de GDF Suez de modo "incompatible", como deuda y como patrimonio.

    Según cifras "preliminares" que maneja el Ejecutivo comunitario, GDF Suez no ha abonado unos 300 millones de euros que debía al fisco luxemburgués entre 2011 y 2015 de la base imponible acumulada de entre 1.000 millones o 1.100 millones de euros a través de dos de sus filiales, GDF Suez Treasury Management y Suez LNG Supply.

    Esta sería la cantidad mínima que debería recuperar Luxemburgo de la compañía si finalmente concluye que recibió ventajas fiscales ilegales al no pagar el tipo del 29% estipulado en Luxemburgo, según se desprende de su decisión para abrir una investigación, cuya versión no confidencial sólo se ha publicado este jueves.

    GDF Suez Treasury Management se habría ahorrado unos 200 millones en impuestos de una base imponible acumulada de entre 600 y 650 millones y Suez LNG Supply, unos 100 millones por su parte de una base imponible de entre 400 y 450 millones, según el texto de la decisión.

    Ambas compañías recibieron préstamos de otras dos compañías del grupo -Electrabel Invest Luxembourg y LNG Luxembourg- en el marco de instrumentos financieros conocidos como préstamos a tipo de interés cero convertibles (ZORA, por sus siglas en inglés), es decir, deuda entre compañías de grupo que luego se convierte en una fase posterior en acciones, es decir, en capital de riesgo.

    Los acuerdos fiscales permitían en la práctica que ni las empresas prestatarias ni las prestamistas pagaran impuestos y que la mayor parte de los beneficios generados por las dos filiales prestamistas no se gravaran. Las prestatarias se deducían los intereses de los préstamos -devueltos en acciones y cuyas provisiones se deducían--y la remuneración para las prestamistas se consideraba capital de riesgo generado por las acciones, libre de impuestos.

    La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, cuyos servicios no tienen un plazo límite para tomar una decisión final sobre el caso, avisó en septiembre de que los acuerdos fiscales parecen estar "en contradicción con las reglas impositivas nacionales" y que aunque las transacciones financieras pueden ser gravadas de manera diferente --en función del tipo de operación sea capital o deuda-- "una sola empresa no puede ganar por ambos lados, por una misma y única transacción".


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