BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa comunitaria sobre liberalización del mercado del gas y la electricidad. Bruselas denuncia que los incumplimientos, que también se han producido en otros 24 países de la UE, "están impidiendo a los consumidores europeos disfrutar de las ventajas de un mercado libre y competitivo de la energía".
"Resulta simplemente inaceptable que, en la actual coyuntura de crisis económica y financiera, las empresas y los consumidores europeos deban soportar la carga que supone un mercado de la energía deficiente", dijo el comisario de Energía, Andris Piebalgs, en un comunicado.
En el caso de España, por lo que se refiere a la electricidad, el Ejecutivo comunitario critica en primer lugar que Red Eléctrica no publica toda la información sobre la capacidad disponible, lo que en la práctica obstruye el acceso de las compañías abastecedoras a la red.
Bruselas cree además que es necesario mejorar la gestión de congestiones y coordinarla con los países vecinos. "España no aplica procedimientos de asignación de capacidad coordinados y comunes en su interconexión con Portugal y Francia", afirma la Comisión. Asimismo, en algunos interconectares de electricidad, Red Eléctrica no usa la línea al máximo de su capacidad.
En cuanto al gas, la Comisión señala que los gestores de red no proporcionan capacidad en ambas direcciones en cada punto de entrada y salida y tampoco dan suficiente información.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario denuncia que España no le ha notificado la puesta en marcha de un sistema de sanciones para castigar este tipo de comportamientos.
APROBADO EL TERCER PAQUETE
Todo ello supone una vulneración de la legislación comunitaria vigente en los sectores de la electricidad y el gas, el denominado 'segunda paquete' de 2003. Precisamente, los países de la UE dieron su aprobación final este jueves en el Consejo de Medio Ambiente al nuevo paquete de medidas de liberalización del sector del gas y la electricidad.
Los países de la Unión Europea que, como España, hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos entre las actividades de producción y la gestión de redes, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grandes empresas verticalmente integradas como la francesa EdF, según establecen las nuevas reglas. Los países tendrán ahora un año y medio para aplicar la normativa.
Las nuevas reglas descafeínan la propuesta inicial de la Comisión, que quería obligar a desmembrar todos los grupos energéticos de la UE para impulsar la competencia. La oposición radical de Francia y Alemania hizo que al final se haya optado por un compromiso de mínimos que permitirá que convivan en el mercado comunitario tres modelos distintos en pie de igualdad.
El primer modelo es el de la separación patrimonial, que está ya vigente en países como España y Reino Unido. En segundo lugar está el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente.
Completa el panorama la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas con una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de red.
