BRUSELAS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea prepara una nueva flexibilización de las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado con la que busca incentivar al sector privado a participar junto con gobiernos en la recapitalización de empresas afectadas por la pandemia de Covid-19, ha informado en un comunicado.
Bruselas, además, estudia extender el alcance del marco temporal de ayudas públicas para que los Estados miembros puedan dar ayudas a microempresas y 'startups' aunque ya estuvieran en problemas antes del 31 de diciembre de 2019, algo que no permite para el resto de compañías.
Se trata de dos nuevas enmiendas que el Ejecutivo comunitario ha planteado en un borrador ya enviado a las capitales europeas. Los gobiernos del bloque trasladarán ahora sus opiniones acerca de las novedades antes de que las autoridades europeas las aprueben formalmente.
"Proponemos introducir condiciones que den incentivos a inversores privados para participar junto con el Estado en recapitaliazciones. Esto es bienvenido porque reduce la necesidad de ayudas públicas y el riesgo de distorsiones en la competencia", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
En una enmienda anterior, Bruselas ya permitió a los gobiernos entrar en el capital de firmas que han sufrido con dureza el impacto de las restricciones adoptadas para contener la propagación del virus. Ahora, el Ejecutivo europeo plantea cambios que permitirían que empresas participadas por el Estado a captar financiación del sector privado.
Así, los servicios comunitarios de Competencia buscan que esta flexibilización aliente "inyecciones de capital con importante participación privada", reduciendo de esta forma las ayudas públicas y el riesgo a distorsiones en el mercado único.
La otra enmienda que plantea Bruselas permitiría a los socios comunitarios canalizar ayudas públicas hacia microempresas y 'startups', incluso a pesar de que se encontrasen ya en dificultades económicas antes del 31 de diciembre del pasado año. Sólo el hecho de que se encuentren en un procedimiento de insolvencia evitaría que pudiesen recibir la ayuda del Estado.
La Comisión defiende este trato de favor -el resto de compañías no pueden acogerse a ayudas públicas si estaban en problemas financieros ya en 2019-- porque las pequeñas firmas no tienen tantas operaciones transfronterizas y por tanto es "menos probable" que el apoyo estatal que reciban distorsione la competencia del mercado único.
Por el contrario, Bruselas remarca que las necesidades de liquidez de micro y pequeñas empresas en la UE, unida a sus dificultades para obtener financiación, podrían provocar la quiebra de muchas de ellas, provocando "problemas graves" para toda la economía europea.
