BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea expedientó hoy a España por sus medidas de defensa contra paraísos fiscales como Liechtenstein, que están contempladas en el impuesto de sociedades y cuyo objetivo es evitar pérdidas de ingresos. El Ejecutivo comunitario considera que estas medidas son discriminatorias, desproporcionadas y vulneran la libre circulación de capitales.
La apertura de este expediente coincide con el escándalo destapado por Alemania de fraude fiscal a través de Liechtenstein, que afecta a varios Estados miembros y también a Estados Unidos. La Agencia Tributaria anunció también el pasado martes que se ha sumado a las pesquisas y está investigando a ciudadanos españoles sospechosos de usar cuentas en Liechtenstein para evadir impuestos.
En virtud de la legislación española, los dividendos distribuidos por entidades residentes en España y en la mayoría de Estados miembros en las que una empresa española tenga una participación superior al 5% pueden acogerse a una desgravación fiscal. Sin embargo, esta desgravación no se aplica en el caso de otros países de la UE que Bruselas no identificó.
Fuentes conocedoras del caso señalaron que se trata de "paraísos fiscales" como Liechtenstein, Chipre, Luxemburgo, Gibraltar, las islas del Canal británicas y las Antillas holandesas.
La Comisión Europea considera que esta diferencia de trato restringe la libre circulación de capitales. Estas medidas "imponen una mayor carga fiscal a los accionistas residentes que inviertan en entidades establecidas en los Estados miembros y territorios considerados y, por tanto, podrían disuadirlos de invertir capital en empresas establecidas en ellos".
Asimismo, el Ejecutivo comunitario considera que dichas disposiciones "podrían dificultar la obtención de capital en España por parte de las entidades establecidas en esos Estados miembros y territorios".
El expediente contra España adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses el Gobierno no ha modificado esta normativa, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El comisario de Fiscalidad, Làszlo Kovàcs, dijo a través de un comunicado que comprende que "los Estados miembros necesiten garantizar que sus bases imponibles no sufran una erosión injustificada como consecuencia de la adopción de estrategias de planificación fiscal abusivas o abiertamente agresivas".
No obstante, Kovàcs resaltó que el Ejecutivo comunitario, en su calidad de guardián de los Tratados, "no puede tolerar que se pongan trabas desproporcionadas a la actividad transfronteriza en el interior de la UE".
"La presente infracción demuestra, una vez más, la necesidad de coordinar de forma más eficaz las normas fiscales nacionales de lucha contra las prácticas abusivas", concluyó.
