Tras la convalidación del Decreto que faculta a las autonomías para restingir este servicio
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado con sus autoridades de competencia autonómicas mantener una estrecha vigilancia sobre la regulación que los gobiernos regionales dicten respecto al sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con el fin de evitar que atenten contra la libre competencia en perjuicio de los ciudadanos.
Así se ha establecido en la que, además, constituye la primera declaración conjunta del 'superregulador' con todos sus órganos autonómicos de Competencia, según informaron en fuentes de este órgano.
El acuerdo se adoptó este lunes, apenas unos días después de que el pasado jueves el Congreso de los Diputados convalidara el Real Decreto Ley del Gobierno que habilita a las comunidades autónomas para entrar a regular a los VTC al igual que ya hacen con el taxi.
De esta forma, los gobiernos regionales pueden fijar a los vehículos con los que dan servicio plataformas como Uber y Cabify condiciones sobre precio, recorridos, horarios e, incluso, características de los coches.
La CNMC y sus autoridades autonómicas estarán "muy atentas" a esta regulación, dado que aseguran estar "muy preocupados" por que "empeore aún más la situación" entre el taxi y las VTC.
"El objetivo final es el ciudadano, para que, como usuario, pueda tener el mejor servicio a su disposición", aseguran desde la CNMC. "Existe una tecnología que puede beneficiar a los ciudadanos y lo que se pretende evitar es que una determinada regulación no lo permita y empeore aún más la situación", añade.
El órgano que preside José María Marín Quemada mantiene así su 'batalla' en defensa de la competencia entre estos dos modos de transporte urbano, el taxi y los VTC, al considerar que es beneficiosa para los ciudadanos.
La CNMC recurrió ante el Tribunal Supremo las dos últimas regulaciones que se realizaron sobre las VTC, la que fijó la proporción de uno a treinta entre este sector y el del taxi, y la que prohibió vender licencias en dos años y obligó a dar cuenta de los servicios en un registro público, ambas de los anteriores gobiernos del PP.
No obstante, la última regulación aprobada, en este caso por el Ejecutivo socialista, la que además de permitir regular a las regiones les abre la puerta a limitar o suprimir coches de VTC, no puede ser elevada al Alto Tribunal por tener rango de Real Decreto Ley.
Así, ante esta imposibilidad, con el acuerdo adoptado con sus autoridades autonómicas, la CNMC llama a las autonomías a "respetar la competencia de los mercados" cuando entren a regular las VTC. Para ello, les pide que toda norma que dicten pondere el interés particular con el general y los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
