MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia no considera que la situación financiera de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en el país, se deba "a una supuesta cultura generalizada del no pago", ya que, según sus datos, el promedio de pago en los mercados regulados y no regulados, equivalentes al 77% de la facturación total de compañía, es del 97,9%.
Según el informe del organismo colombiano, extraído del análisis de la información obtenida a partir de las visitas realizadas a las oficinas de la energética el pasado mes de septiembre, los ingresos de la filial de Gas Natural Fenosa en el mercado regulado (consumidores residenciales, comerciales e industriales) fueron del 95% en 2015 y del 94% en lo que va de 2016, mientras que en el mercado no regulado fue del 100% en ambos años.
"Es decir, que el promedio de recaudo en los mercados regulados y no regulados, equivalentes al 77% de la facturación total de Electricaribe, es del 97,9%, señala el organismo en un comunicado.
Así, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, señala que las cifras muestran que "la mayoría de los usuarios de Electricaribe pagan sus facturas de energía oportunamente". "Es entonces inexacto afirmar que la actual situación financiera de la compañía se debe a una supuesta cultura generalizada del no pago", añade.
Además, la Superintendencia de Servicios Públicos colombiana considera que el problema de la cartera morosa en los denominados barrios 'subnormales' -aquellos especialmente pobres- "no tienen un efecto significativo sobre las finanzas de Electricaribe, ya que las sumas que no fueron recaudadas en ellos durante 2015 equivalieron al 3,09% de la facturación total de ese año.
Según informa 'El Economista', la Superintendencia señala que las inspecciones realizadas no son ninguna presión sobre la compañía española, sino parte de su labor constitucional.
Gas Natural Fenosa activó el pasado mes de julio el mecanismo de protección de inversiones entre España y Colombia, que abre un plazo de seis meses para que la compañía y el Gobierno latinoamericano negocien una solución a la disputa por Electricaribe antes de verse abocados a la apertura de un proceso de arbitraje.
El grupo energético reclama el impago de unos 1.100 millones de euros por la actividad de distribución de filial en la costa caribeña colombiana.
