En Comú busca derogar en el Congreso el decreto que facilitó la marcha de empresas de Cataluña

Sede de la Caixa con el logotipo de CaixaBank
EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado: domingo, 25 noviembre 2018 12:33

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem busca derogar en el Congreso el decreto ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que agilizó la marcha de empresas de Cataluña días después del referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017, y así devolver con carácter general a la junta general de accionistas la competencia de decidir sobre un posible movimiento de la sede social.

Para ello, la formación integrada en la Cámara Baja en el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley, recogida por Europa Press, con la que buscan revertir la modificación realizada hace ya más de un año en la Ley de Sociedades de Capital.

Y es que, dejando a un lado las intenciones a las que respondía este decreto, esta formación considera este cambio una involución en la regulación de las empresas, por conceder "un poder especial" a los administradores sobre los socios o accionistas minoritarios.

PRESIONAR A TRAVÉS DE LOS MERCADOS

Asimismo, cree que la aprobación del decreto, cuya convalidación en el Congreso fue apoyada por PP, PSOE y Ciudadanos, tuvo como objetivo "estimular el cambio de domicilio social de sociedades residenciadas en Cataluña hacia otros territorios del Estado".

Una medida que, a juicio de En Comú, "obedecía más a una utilización de los mercados como medida de presión ante la situación política en Cataluña que a una necesidad de las empresas", puesto que "en ningún caso atendía a un criterio económico ni jurídico".

TRES MESES HASTA SU ENTRADA EN VIGOR

La ley registrada por En Comú también contempla una medida para que esta derogación no dificulte a las empresas volver a instalar su sede social en Cataluña, ya que establecen un plazo de tres meses para la entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Un plazo contemplado para permitir que los órganos de administración de las sociedades que durante la vigencia del decreto ley adoptaron la decisión de cambiar el domicilio social puedan volver a cambiar la localización de esta sede.