El filántropo billonario ha demandado a EE. UU. por filtrar a los medios información falsa que lo vinculaba a una organización terrorista
WASHINGTON, 9 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- Gilbert Chagoury respondió hoy a la moción del Gobierno estadounidense para desestimar la demanda que él interpuso en septiembre de 2016 en la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito de Columbia. La demanda del Sr. Chagoury acusaba al Gobierno de los Estados Unidos de filtrar información falsa a los medios, lo que causó graves daños a su reputación y propiedad, y de denegar su derecho constitucional a un procedimiento justo. La moción de desestimación del Gobierno de EE. UU. fue presentada ante el tribunal el miércoles 5 de abril de 2017.
"La filtración ilegal por parte del Gobierno causó graves daños a la reputación, propiedad e intereses empresariales del Sr. Chagoury", afirmó Stewart Baker de Steptoe and Johnson, LLP, abogado del Sr. Chagoury. "Denunciar al Gobierno ya ha contribuido a enmendar parte de esos daños". La moción del Gobierno admite que las filtraciones no autorizadas como la información divulgada sobre el Sr. Chagoury son indebidas y suponen una violación de la ley.
El Gobierno admite en varios puntos de su moción que el Sr. Chagoury no ha sido incluido en ninguna lista de sanciones Specially Designated Nationals (Nacionales Especialmente Designados, o SDN por sus siglas en inglés) ni OFAC, la sanción habitual para aquellos individuos vinculados con el terrorismo. También insiste en que no está intentando impedir que bancos u otras instituciones hagan negocios con el Sr. Chagoury. Por ejemplo, la página 15 de la moción del Gobierno expone que el Sr. Chagoury "no figuraba ni ha figurado nunca en la lista SDN". A continuación, argumenta que la demanda del Sr. Chagoury no puede perseguirse judicialmente dado que es "indiscutible que el demandante nunca fue incluido en la lista SDN ni en otra lista de sanciones OFAC". A pesar de que Chagoury y su abogado acogen con agrado la admisión del Gobierno confirmando que no figura en ninguna lista del Gobierno estadounidense que lo vincule con el terrorismo, ellos rechazan las alegaciones del Gobierno.
"Es una lástima que haya tenido que demandar al Gobierno estadounidense para conseguir que admitiese que nunca me ha impuesto sanciones terroristas y que sus filtraciones a los medios no autorizadas violaron la ley", dijo Chagoury. "Pero, a pesar de contar con esta satisfactoria admisión por parte del Gobierno de EE. UU., la cuestión sigue siendo que las filtraciones ilegales de información falsa han causado graves daños a mi persona y a mi familia. La justicia norteamericana exige un procedimiento justo y, sin embargo, aún no he recibido explicación alguna sobre por qué mi reputación ha sido seriamente manchada ni la oportunidad de refutar estas falsedades. Esa no es la América que conozco y amo. Me merezco poder acudir al tribunal para limpiar mi buen nombre".
Como la demanda original deja claro, pese a su conocido amor por los Estados Unidos y sus numerosas y generosas contribuciones benéficas a lo largo de sus 35 años visitando América, Gilbert Chagoury fue denegado un visado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2015. Esta decisión estuvo basada en información falsa. Esta injusticia se vio exacerbada cuando empleados anónimos del Gobierno estadounidense filtraron información a los medios sobre la negación de la solicitud de visado del Sr. Chagoury, incluyendo la información falsa que dio lugar a la denegación del visado. Dado que Gilbert Chagoury es un exitoso hombre de negocios, influyente defensor de la libertad religiosa, filántropo internacional y amigo de líderes políticos destacados, incluyendo muchos aquí en los Estados Unidos, el LA Times se hizo eco de la historia.
En su recién presentada moción de desestimación, el Gobierno reconoce que "las filtraciones gubernamentales no autorizadas violan la ley y son objeto de enjuiciamiento penal". Al mismo tiempo, el Gobierno alega que no puede hacerse responsable de los daños causados a la reputación y propiedad del Sr. Chagoury, puesto que las instituciones financieras no se habrían enfrentado a ningún tipo de sanción impuesta por el Gobierno.
"El Gobierno sostiene que, dado que el Sr. Chagoury no figura en ninguna lista del Gobierno que lo vincule con el terrorismo, las instituciones financieras que dejaron de hacer negocios con él no tenían obligación judicial alguna de hacerlo", señaló Baker. "Ese alegato no suena convincente. Los banqueros leen la prensa y ven la televisión. La reputación del Sr. Chagoury fue calumniada públicamente y sus intereses en propiedad y negocios fueron dañados como resultado de unas filtraciones ilegales e indignantes divulgadas por oficiales gubernamentales anónimos que sabían exactamente lo que estaban haciendo".
La filtración deliberada de información falsa a los medios sobre el Sr. Chagoury repite un incidente igualmente ilegal acontecido en 2010, cuando él fue incluido incorrectamente en la lista de exclusión aérea, sin aviso ni oportunidad de ser oído, y su inserción en dicha lista de exclusión aérea fue filtrada a los medios. Al cuestionarse la situación presentando los hechos, el Gobierno de Estados Unidos revocó esa decisión y se disculpó formalmente.
Es importante señalar que Chagoury tuvo que modificar su demanda original de 2016 y revocar la moción de Judicial Redress Act (Ley de Desagravio Judicial) después de que el Departamento de Justicia de EE. UU., en vista de la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, no certificase que los ciudadanos británicos como el Sr. Chagoury tienen derechos bajo esta Ley (a pesar de que la ley fue promulgada antes de que el RU votase por abandonar la UE). Aunque los ciudadanos estadounidenses han estado protegidos desde hace mucho tiempo por la Ley de Privacidad, hasta hace poco, los nacionales extranjeros no han contado con recursos judiciales bajo ese estatuto cuando su privacidad ha sido violada por el Gobierno de EE. UU. La Judicial Redress Act extiende esas protecciones de la Ley de Privacidad a los ciudadanos de países europeos para demandar a los Estados Unidos por la divulgación ilegal de información personal bajo las disposiciones de la Ley de Privacidad.
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