WASHINGTON, 9 de marzo 2016 /PRNewswire/ -- AREB, el organismo creado por el gobierno andorrano después de la expropiación de BPA, ha manipulado una vez más los hechos en un intento de cumplir con su objetivo de impedir la transparencia y la divulgación completa de las acciones ilegales e inmorales adoptadas contra BPA por el ejecutivo. PwC ha gastado prácticamente un año y casi dos decenas de millones de fondos de los contribuyentes andorranos para elaborar un informe que hasta la fecha no se ha hecho público. Incluso este martes, en un conato de presentación de los resultados de la auditoría de PwC, el gobierno no puede ofrecer evidencia alguna de lavado de dinero. AREB está tratando de darle un giro negativo a la realidad aprobada por los informes de auditoría de Deloitte y KPMG y avalada por el gobierno andorrano a través del INAF. Tanto el ejecutivo como el regulador fueron debidamente informados en su día por BPA de los casos de lavado de dinero y de otras prácticas que suponían un riesgo reputacional para el país y desde entonces nada de significativo se ha hallado. BPA nunca fue una institución de lavado de dinero. Y eso podría ser fácilmente confirmado con la publicación del informe. Cuando los Cierco pidieron información sobre el proceso en tres cartas sucesivas, se les negó la respuesta y no se les permitió participar.
Cualquier afirmación de la auditoría de PwC de que BPA era un negocio ilícito simplemente no tiene fundamento legítimo y es contrario al sentido común. Las auditorías sobre prevención de blanqueo realizadas por BPA eran eficaces, diseñadas e implementados en su totalidad según los criterios propios de los mejores auditores externos, y llevadas a cabo por los ejecutivos del banco ahora intervenido. Sería imposible creer que había algún problema sustancial en BPA cuando había sido auditado año tras año por Deloitte y KPMG, y, de hecho, con la aprobación de la señora Maria Cosan, que era en ese momento la directora de la delegación andorrana de KPMG y hoy dirige el INAF.
Después de cada revisión, los auditores no encontraron incidentes u observaciones que implicaban incumplimiento de las leyes antiblanqueo de Andorra. Estos reportes se le hicieron llegar a los reguladores andorranos -el INAF que ahora dirige Cosan, por ejemplo- sin ningún comentario o preguntas sustantivas a cambio.
Por último, es indignante que la AREB divulgue esta información a altas horas de la noche, en un claro intento de confundir a la opinión pública. Una vez más, el gobierno andorrano ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea para evitar admitir su error enorme de elegir a BPA como blanco. Es hora de que haya transparencia y se rindan cuentas.
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