MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados elaborará un informe jurídico para decidir la manera en que debe abordarse la tramitación del proyecto de ley derivado del decreto ley sobre la detracción a las eléctricas de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente, que esta semana fue tomado en consideración por el Pleno de la Cámara pese a que la disolución de las Cortes está anunciada para mediados de enero.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, ese informe se estudiará en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, que ha sido convocada por Manuel Marín para el 10 de enero, días antes de la disolución de la Cámara.
Teniendo en cuenta que la legislatura se disuelve el 14 de enero, lo previsible es que el texto decaiga, al no haber tiempo para tramitarse. Otra cosa es que se decida alguna fórmula para repescarlo tras las elecciones, bien como proyecto de ley enviado por el nuevo Gobierno o como proposición de ley de los grupos.
En cualquier caso, esta cuestión procedimental no afecta a la entrada en vigor de las medidas ya que, al tratarse de un decreto ley, se aplican desde aprobación por el Gobierno y la consiguiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El decreto ley, que amplía a 2012 las detracciones a las eléctricas de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente, fue convalidado el pasado jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados con la abstención de PP, CiU y PNV. Los 'populares' pidieron la tramitación como proyecto de ley del texto, lo que da opción a modificarlo, extremo que se aprobó por amplia mayoría al ser aceptado también por el PSOE.
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), patronal del sector, confía en que la tramitación como proyecto de ley del real decreto permita la introducción de algunos cambios de carácter "técnico" que reduzcan la "agresividad" del texto, aunque "sin desvirtuar la razón de ser" del decreto.
EL PP ASEGURA QUE NO HUBO PACTO CON EL PSOE
El portavoz 'popular' de la Comisión de Industria del Congreso, Fernando Castelló, aseguró en declaraciones a Europa Press que su formación no había alcanzado ningún acuerdo previo con el PSOE para realizar esta solicitud.
A su juicio, la medida, que restará 1.495 millones de euros a los beneficios de las eléctricas sólo en 2008, no llegó al Congreso por la vía adecuada, ya que "en circunstancias normales" debería haberse tramitado como proyecto de ley mucho antes. En este sentido, recordó que su grupo pide "siempre" este cambio ante medidas que considera que no deben ser emitidas a través de la vía del decreto ley por el Gobierno.
Asimismo, reiteró que el PP se abstuvo en la votación de la convalidación porque comparte la finalidad de evitar que el consumidor "cargue con un coste que no debería", si bien hizo hincapié en las "incertidumbres" que la medida genera.
"OBLIGACIÓN" PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO
Al ser preguntado acerca de la posibilidad de que el proyecto de ley decaiga en su trámite parlamentario, señaló que ya que tanto PSOE como PP votaron a favor del mismo, "se entiende" que el próximo Gobierno, sea del signo que sea, tendría la "obligación" de afrontarlo.
Durante el debate el jueves, el ministro de Industria, Joan Clos, avanzó ya un compromiso de tramitar el proyecto de ley en la próxima legislatura. En este sentido, Castelló observó que finalmente fueron los 'populares', y no los socialistas, quienes solicitaron que se adoptara esta medida.
