El consejo de administración de Caja Madrid vota por unanimidad los estatutos reformados

Actualizado: jueves, 26 febrero 2009 23:27


MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Caja Madrid votó esta tarde, por unanimidad, los estatutos y el reglamento electoral de la entidad una vez reformados con las indicaciones señaladas por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta.

Con ello, el máximo órgano de gobierno de la caja no agota el plazo de diez días hábiles que le dio el consejero para someter el proyecto de estatutos a votación, que vence el próximo 3 de marzo. La Consejería devolvió a la entidad el proyecto de estatutos proponiéndole modificaciones específicas para que el texto se adapte "completamente" a la nueva Ley regional de cajas, y solicitó que fueran sometidos a votación por parte del consejo para evitar defectos de forma.

El consejo de administración de Caja Madrid someterá por tanto a la Asamblea General Extraordinaria el texto al que se han incorporado las modificaciones requeridas por la Consejería, una vez recaída la autorización administrativa exigida por la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, y cumplidos los demás trámites previstos en esta disposición.

Una vez recibida la conformidad de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, volverá a ser convocado el consejo de administración que fijará la fecha de convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Caja Madrid, que deberá votar el texto. El acuerdo ha sido convocarla "cuanto antes", dentro del plazo de 15 días establecido.

Según el artículo 11.i de los Estatutos de Caja Madrid, "la Asamblea deberá aprobar los Estatutos, así como sus modificaciones" con "el voto favorable de dos tercios de los asistentes", algo que para la mayoría de las partes resultará complicado de reunir debido a la polémica que ha rodeado a la Ley Aguirre. La votación podrá ser secreta si así lo solicita el presidente o el 10 por ciento de los consejeros generales.

Tras conocer la noticia, el Gobierno regional se congratuló por la decisión del máximo órgano de la entidad y señaló que ahora espera recibir el texto en los términos que le propusieron para someterlo al necesario análisis jurídico. Sin agotar el plazo de 15 días para su nueva remisión al consejo, la Consejería de Economía los enviará para que se pueda celebrar la Asamblea en el menor plazo posible, de modo que pueda retomarse cuanto antes el proceso electoral iniciado en septiembre pasado y que se encuentra congelado desde que los sindicatos y el PSOE decidieron no acudir a ninguna reunión más de la comisión de control.

La secretaría de Economía de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM) también se felicitó por el hecho de que "se cumpla la Ley, aún teniendo diferencias sobre la misma", en cumplimiento de los "preceptos democráticos" con el objetivo final de "la estabilidad y la buena gestión de Caja Madrid en beneficio de los depositantes y los ciudadanos".

INTERVENCIONES

Una de las intervenciones más señaladas hoy fue la del popular Estanislao Rodríguez Ponga, en representación de los cuatro aguirristas, que destacó que las modificaciones que introduce la Consejería no limitan los derechos de representación de ninguna de las fuerzas y que dijo no entender por qué parte de los consejeros reproducían un "debate parlamentario" en el seno del consejo de administración, porque lo único que en realidad se estaba haciendo es cumplir la Ley.

Por su parte, los denominados "14 del pacto de estabilidad", donde se incluyen Ayuntamiento, CCOO e Izquierda Unida, discreparon con Rodríguez Ponga en diferentes cuestiones y avanzaron que están estudiando recursos de inconstitucionalidad a la norma.

En diferentes intervenciones subrayaron que el voto celebrado hoy no se producía por considerar correctos los Estatutos reformados por la Consejería de Economía sino por "imperativo legal" y para "evitar la inestabilidad".

Varios miembros criticaron la pretensión de Aguirre de imponer retroactivamente la ley en un proceso electoral ya abierto, algo que en su opinión conculca el principio de seguridad jurídica, así como que el Ayuntamiento de Madrid sí ve limitada su representación, en concreto, del 70 por ciento al 30 por ciento.

De este modo, criticaron el "carácter instrumental" de esta ley que, a su juicio, busca otorgar a Aguirre el control político de la caja, modificando el principio de representación para favorecer a los ayuntamientos afines a la jefa del Ejecutivo.

Recordaron, asimismo, que la representación que quita la Ley al Ayuntamiento y a los impositores se las da al Gobierno regional a través de las entidades representativas y el mayor peso de la Asamblea de Madrid. Además, destacaron que no se ha respetado la voluntad de la entidad fundadora, el Patronato Real, para que se repartan sus representantes, sino que se favorece a los sectores afines a la Comunidad.

"En definitiva, conculca derechos constitucionales, principios de legislación básica superior, y la propia normativa nacional y europea", indicaron, puesto que entidades representativas, Asamblea de Madrid y ayuntamientos superarán el 50 por ciento de representación, tal y como establece el límite de la legislación superior. Los miembros del PSOE se mantuvieron en silencio.