MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Iberia tomó hoy conocimiento formal de la dimisión del consejero delegado del grupo, Ángel Mullor, pero no adoptó ninguna decisión sobre la reorganización de los poderes ejecutivos de la compañía. El órgano de gobierno de la aerolínea debe decidir, previsiblemente en su reunión del próximo mes de mayo, entre reeditar el actual modelo de bicefalia o ceder el conjunto de las funciones ejecutivas al presidente, Fernando Conte.
Ángel Mullor formalizó la pasada semana ante la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo su decisión de renunciar al cargo de consejero delegado y abandonar la compañía tras diez años en la alta dirección de la aerolínea de bandera. La Comisión de Nombramientos se limitó hoy a notificar formalmente al consejo la dimisión del alto ejecutivo, confirmaron a Europa Press fuentes próximas al consejo.
Los poderes ejecutivos en el seno de Iberia recaían hasta ahora casi enteramente en las manos de Mullor, unas funciones que deben ser ahora trasladadas a un eventual sustituto en el cargo o pasar a formar parte del conjunto de responsabilidades que controla el presidente de la compañía, quien ya participa muy directamente en la gestión diaria de la aerolínea desde la asunción de su cargo, en el año 2003. Mullor hará efectiva su salida de la compañía previsiblemente después de la junta de accionistas de la compañía, convocada hoy por el consejo para el próximo 30 de mayo.
Los accionistas aprobarán en la junta el reparto de un dividendo bruto de 0,322 euros por acción, de los que 0,302 euros ya han sido distribuidos como dividendo a cuenta. Por ello, la compañía procederá, a partir del 30 de junio, al reparto de un dividendo complementario de 0,02 euros por título, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La junta de accionistas aprobará, igualmente, la ratificación o reelección de varios los miembros del consejo de administración --entre los que figura el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa--; la congelación por quinto año consecutivo de la retribución máxima a los consejeros --fijada en 1,5 millones de euros desde el ejercicio 2002--; la reelección de Deloitte como auditor de las cuentas de la compañías; así como varios cambios en la redacción de los estatutos del grupo para su adaptación a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.
