Reclaman también la colaboración de la banca
MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las constructoras no cotizadas han solicitado al Gobierno un conjunto de medidas con el fin garantizar su liquidez durante el parón de actividad decretado y evitar una eventual cascada de concursos de acreedores en el sector.
Así lo indicó la patronal de estas empresas, Anci, quien estima que parte de las medidas no requiere de fondos, si bien el resto reconoce que supondrían un aumento del gasto de las administraciones públicas de entre 600 millones y 1.000 millones de euros.
La asociación que agrupa a firmas como Aldesa, Copasa, Azvi, Lantania o Sando advierte de que, "ante el parón de actividad, o se ponen medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja, o se verán abocadas a protegerse mediante la solicitud de concurso de acreedores".
Según Anci, las medidas aprobadas hasta ahora, referentes a líneas de avales o, en el caso de los contratos de concesión, reequilibrios mediante la ampliación de la vigencia del mismo, son "insuficientes".
Así, en un comunicado, y en cuanto a las obras públicas, la patronal propone, por un lado, que se adelante el pago a las constructoras, dado que se trata de anualidades que "ya están consignadas". "Se trata de hacer uso de ese presupuesto con carácter de urgencia", apunta.
En concreto, apunta a la posibilidad de certificar y abonar "de forma ágil y con la menor burocracia posible" el mes de marzo de las obras y habilitar para meses siguientes la posibilidad de dar anticipos del presupuesto anual.
Para el caso de contratos de concesión, pagar el mes de marzo como si fuera un "mes normal de un año normal", ya sea en contratos de carreteras o instalaciones de agua u otro servicios.
COLABORACIÓN DE LA BANCA.
Respecto a las obras que realizan para clientes privados, su propuesta pasa por solicitar al sector bancario la prórroga de los vencimientos y obligaciones de pago al menos dos años hasta que se recupere la demanda.
En el caso de obras de viviendas o inmobiliarias con créditos a la promoción, reclamó la colaboración de los bancos ante la mayor "dificultad que tendrá el promotor para vender pisos" y dado que la entidad puede garantizar la cadena de pagos al constructor y al promotor usando la línea de avales.
MEDIDAS QUE REQUIEREN GASTO.
Además de estas medidas que no supondrían gasto público, Anci plantea otras para casos excepcionales y que necesitarían de fondos.
Se trataría, en el caso de las obras, de regular mediante un "expediente de daños" los gastos sobrevenidos por la situación generada por la suspensión de la actividad y que se valoraría en cada obra. Se trata de gastos generales de las empresas por la prohibición de despidos, por la reducción de ingresos, por los servicios de vigilancia de las obras paradas o los costes de su reanudación.
En el caso de las concesiones, piden regular también mediante la figura de expediente de daños aquellas concesiones que generan sus propios ingresos, como pueden ser los aparcamientos, de aquellas en las que los ingresos caen a cero, con el consiguiente riesgo para su viabilidad futura.
