Uso de números 901 y 902
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno que revise la normativa en torno a la facturación que han de abonar los ciudadanos por las llamadas telefónicas efectuadas a los servicios de atención al cliente de las empresas que habilitan números de teléfono 901 y 902, para garantizar que los usuarios no pagan por este servicios más que lo definido como "una tarifa básica".
En su informe anual, la institución señala que se dirigió a la Dirección General de Comercio y Consumo para poner de manifiesto que la prestación del servicio de atención al cliente por empresas de diversos sectores se efectúa en ocasiones a través de este tipo de líneas que actualmente se corresponden con un servicio de llamadas de pago compartido (901) y con líneas de tarifas especiales sin retribución para el abonado llamado (902).
El Defensor del Pueblo señala que las directivas europeas exigen a los Estados velar por que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con el cliente en relación con el contrato celebrado, el consumidor no esté obligado a pagar "más de la
tarifa básica por la comunicación que realice".
A este respecto, señala que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no especifica que ha de considerarse una tarifa básica, que, según una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede exceder de una llamada a una línea fija geográfica o móvil estándar.
Por ello, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación instando a modificar el referido precepto para incorporar la interpretación efectuada por el TJUE, ante el cual la Administración afirmó ser consciente del problema planteado y señaló que tenía previsto impulsar la modificación legislativa propuesta cuando la reanudación de la actividad legislativa lo permitiera.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
Por otro lado, el informe señala que la dinámica de un mercado "en constante y vertiginosa evolución técnica" complica la
pretensión de que se pueda acompasar el ritmo de producción legislativa con esta realidad, algo que se exacerba aún más por la ausencia en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 de un reglamento de desarrollo regulador de las condiciones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, del servicio universal y de la protección de los usuarios.
Así, señala que esta laguna se ha venido soslayando mediante la aplicación del reglamento de la anterior norma, que se aprobó en 2005, pero que, por un lado, "está lejos de dar una adecuada respuesta a los problemas actuales del sector" y, por otro, se aparta de la lógica que se ha ido consolidando en el marco de la legislación de la Unión Europea.
En este contexto, indica que el Gobierno ha centrado su trabajos en este campo en los últimos años en la culminación de las negociaciones para la aprobación del Código Europeo de las Comunicaciones, que tuvo lugar en de diciembre de 2018 y deberá ser incorporado a las legislaciones nacionales como tarde del 21 de diciembre de 2020.
Así, añade que La previsión que maneja la Administración española es que la transposición al ordenamiento jurídico interno del Código de las Comunicaciones Electrónicas se efectúe mediante la aprobación de una nueva norma legal, para lo cual se han iniciado los trámites de consulta pública.
BRECHA DIGITAL
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por el acceso al servicio de Internet "en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los ciudadanos residentes en España", ante la brecha digital que separa a los habitantes de las zonas menos pobladas, generalmente el interior de la península, de los de las áreas más pobladas, como las capitales o la zona litoral.
La institución indica que la cuestión fue tratada con el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, así como con la antigua Secretaria de Estado para el Avance Digital, que le transmitieron las distintas iniciativas puesta en marcha por el Gobierno para reducir dicha brecha digital.
