MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de empresas cotizadas (Aemec) criticó hoy que la enmienda presentada por el Grupo Socialista para prohibir las limitaciones de los derechos de voto en las empresas, ya que supone, a su juicio, un intento del Gobierno de "cambiar las reglas del juego de las sociedades anónimas de una forma precipitada" y "abre la puerta a que oligarquías accionariales puedan hacerse con el control de facto de una sociedad sin tener que recurrir al mecanismo de la OPA".
Aemec, que ha establecido contactos durante la pasada semana con el Gabinete del comisario Michel Barnier, responsable del Mercado Interior, para informarle de la situación planteada en España por la enmienda, considera que la aprobación de ésta "puede significar importantes problemas para multitud de accionistas, entre los que se encuentran los minoritarios de empresas cotizadas".
En un comunicado, la asociación indica que esta enmienda, que "implica un giro total de la normativa societaria", se presenta en un proyecto de Ley que "nada tiene que ver con la materia, habiéndose obviado además el análisis de los distintos intereses en conflicto, la opinión de los sectores afectados, así como el asesoramiento de órganos como la Comisión General de Codificación y del Consejo de Estado en fase de anteproyecto".
Además, señala que desde un punto de vista material la enmienda resulta "sumamente criticable", ya que se advierte que es contraria a los intereses de los accionistas minoritarios, "toda vez que abre la puerta a que oligarquías accionariales puedan hacerse con el control de facto de una sociedad sin tener que recurrir al mecanismo de la OPA".
La asociación de minoritarios también cree que la reforma se impulsa sin que exista un mandato concreto desde el Derecho Comunitario, sin que haya plazos para la armonización europea, y "siendo falso" que el derecho comunitario tienda a la supresión de esta limitación, algo que tan sólo han realizado dos países (Alemania e Italia).
Así, AEMEC considera que si el Gobierno quiere abordar una reforma en esta materia, "debe plantearse a través de un procedimiento claro y transparente, armonizado con el resto de los países europeos, en el seno de una regulación general de sociedades cotizadas, en el que puedan ser oídos todos los interesados" y de tal forma que "no se perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios".
