MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) considera que el levantamiento de las limitaciones de voto en entidades cotizadas perjudica a los inversores con participaciones minoritarias y supone un "precedente peligroso" porque defiende un interés "particular", aseguró en declaraciones a Europa Press el secretario general de la organización, Javier Cremades.
"La enmienda Florentino supone un precedente peligroso en la medida en que en ella una empresa acude al Gobierno para arreglar su situación particular", afirmó Cremades en alusión a ACS y al texto aprobado hoy en el Congreso con el apoyo del PSOE y CiU, la abstención del PP y el rechazo del PNV y ERC-IU-ICV.
La constructora tiene una participación del 12,7% en Iberdrola, pero no puede ejercer derechos de voto por encima del 10%, que es el límite establecido en los estatutos de la eléctrica.
"Se confirma una medida legislativa ad casum para solucionar una situación concreta", afirmó el secretario general de Aemec, quien hubiese preferido "un consenso más amplio" y "una solución a la italiana", en la que se respeten los reglamentos de las empresas ya existentes.
Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil y colaborador de Aemec Juan Ignacio Peinado consideró que "la actual limitación era una garantía para los minoritarios de las sociedades de que podrán salir de las mismas a través de un mecanismo de OPA cuando se produzca un cambio de control".
Frente a esta situación, la enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas aprobada hoy permite que un accionista "pueda hacerse con el control sin obligación legal de lanzar una OPA" y por ello "beneficia a los accionistas que tienen más de un 10% y menos del 30%", que es el límite a partir del cual la legislación obliga al lanzamiento de una oferta de compra por el 100% del capital, señaló Peinado.
Para el catedrático, habría sido una "barbaridad" incluir a las empresas familiares en la enmienda, lo que finalmente no ha sucedido. Además, consideró que la decisión de hacerla efectivo el texto con un periodo de un año de carencia es "más llamativa que práctica".
"Casi todas las juntas de accionistas ya están convocadas y obligar a las compañías a realizar juntas extraordinarias (para incorporar los cambios) sería un proceso demasiado caro", explicó.
