MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) instó hoy al Gobierno a desarrollar el conjunto de compromisos adquiridos con el sector agrario en relación con las tarifas eléctricas para riego agrícola, al entender que la medida específica para baja tensión, "aunque positiva, es parcial y limitada".
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó el pasado sábado una orden que recoge un ajuste lineal de los precios de potencia y energía en baja tensión cada tres meses a lo largo de un año a partir del 1 de octubre, según informó la organización agraria en un comunicado.
De este modo, se mantienen los precios de las tarifas de baja tensión durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo que, según COAG, permitirá a los regantes en baja tensión "salvar" la actual campaña de riegos.
La organización que dirige Miguel López valoró esta medida, con la que el Gobierno "da cumplimiento" a su compromiso en relación con las tarifas de riego de baja tensión, pero exigió el desarrollo del resto de medidas planteadas por el sector productor, que "son mucho más trascendentes para el conjunto de los regantes".
Entre otras cuestiones, COAG demanda contratos de temporada que se adapten a las necesidades del sector agrario, dado que la campaña de riegos dura unos pocos meses al año; la ampliación del número de horas 'valle' y la inclusión como tales de los fines de semana en todos los períodos tarifarios; y la flexibilización del acceso a los seis períodos tarifarios para aquellos regantes con potencias inferiores a 450 Kw.
"Todas estas medidas son imprescindibles para que los agricultores y ganaderos, que no tenemos la posibilidad de repercutir el aumento de los costes en el precio final de nuestros productos, no nos encontremos con un encarecimiento medio de la factura energética de entre el 40% y 70%, lo que puede comprometer la viabilidad económica, ya muy deteriorada, de muchas explotaciones", remarcó la asociación.
COAG reclamó asimismo la mejora de la fiscalidad de la energía eléctrica en lo referente a los impuestos especiales, ya que la normativa comunitaria permite que los Estados miembros apliquen un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en labores agrarias, hortícolas, piscícolas y en silvicultura.
