MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria COAG ha remitido a los grupos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 9 de marzo un documento que recoge las prioridades del sector agrario para la próxima legislatura, entre las que destacó la necesidad de articular mecanismos de control de precios que permitan configurar un nuevo marco de comercialización agroalimentaria "justo y transparente".
COAG, que recoge esta demanda entre sus propuestas de política estatal bajo el epígrafe 'Agricultura social, compromiso con la sociedad', explicó que ese nuevo marco de comercialización debe permitir una mayor participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos.
Del mismo modo, defendió que debe tener en cuenta los costes de producción y la renta de los agricultores y los consumidores. Para ello, reclamó la creación de una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales, en la que participen todos los agentes implicados, incluidas las organizaciones agrarias y de consumidores más representativas.
En materia de fiscalidad, COAG solicitó una reducción general de los módulos de los sectores agrícolas y ganaderos, ante la "grave" situación de crisis que atraviesan los profesionales agrarios por el descenso de los precios, el aumento de los costes de producción y la reducción de las ayudas comunitarias.
También pidió la implantación del gasóleo profesional para el sector agrario, así como el reforzamiento del control de las importaciones de productos procedentes de terceros países mediante el establecimiento de protocolos "adecuados" de garantía sanitaria, a fin de "comprobar los condicionantes de calidad y seguridad y la no utilización de productos prohibidos en la UE".
INCORPORACIÓN DE JÓVENES E INMIGRANTES.
La organización reivindicó asimismo "políticas agrarias de género para una agricultura social y viva", programas "eficaces" de apoyo a la incorporación de agricultores jóvenes para evitar el "despoblamiento y envejecimiento" de la población rural y respaldo a la contratación en origen de trabajadores inmigrantes, así como "mejoras de las condiciones de empleabilidad para campañas cortas".
Otras de las sugerencias en el apartado de política estatal hacen referencia a la elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático de carácter sectorial, la necesidad de asegurar la calidad del agua en todas las fases de aprovechamiento, la potenciación del mercado interno en la agricultura ecológica y la adaptación de los seguros agrarios a "las realidades de las producciones" agrícolas y ganaderas.
Asimismo, COAG manifestó su rechazo al cultivo de variedades transgénicas hasta que no se disponga de medidas y estudios que garanticen que no contaminan la agricultura convencional y la ecológica, al tiempo que respaldó las políticas de desarrollo rural "cuyo eje sea la actividad agraria".
POLÍTICA COMUNITARIA.
Por otra parte, en cuanto a las propuestas en materia de política comunitaria, defendió la necesidad de acometer una reforma de la Política Agraria Común (PAC) para adaptarla al "nuevo entorno emergente".
"Esto significa que Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura, garantizando un mínimo de abastecimiento alimentario en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural", explicó COAG.
En este sentido, incidió en que los agricultores "tienen que ver reconocida y valorada su labor, principalmente a través de unos precios justos para sus productos, lo que hace imprescindible desarrollar políticas de estabilización de los mercados".
Por este motivo, remarcó que el nuevo Gobierno español deberá posicionarse ante esta nueva reforma de la PAC rechazando la propuesta para "uniformizar" el pago único en todas las regiones y defendiendo las ayudas acopladas a la producción, el fortalecimiento de las medidas de regulación de los mercados y el mantenimiento de las cuotas lácteas a partir de 2015, entre otras propuestas.
