MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) advirtió hoy de que seguirá distribuyendo carburante a no socios a pesar de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) de anular la autorización concedida en 2002 por la Comisión Europea.
El responsable de servicios jurídicos de CCAE, José Cardona, explicó a Europa Press que las cooperativas continuarán con esta actividad por entender que la decisión del TUE sólo afecta a una iniciativa de Bruselas de 2002, pero no a la Ley de 24/25 de impulso a la productividad aprobada por el Gobierno español, que ampara dicha venta de carburantes.
"Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es dejar de distribuir (carburante a no socios), eso lo tenemos clarísimo, no porque estemos en contra de la sentencia, sino porque la ley 24/25 dice que podemos distribuir sin ninguna pega y el TUE no ha atacado esa ley", argumentó.
No obstante, Cardona informó de que las cooperativas agrarias ya han solicitado al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se sume al eventual recurso de casación que en el plazo de dos meses podría interponer Bruselas a la decisión del TUE. "El Gobierno puede coadyuvarse con la Comisión, que suponemos que recurrirá", estimó. La sentencia da la razón a la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid y a la Federación Catalana de Estaciones de Servicio, que interpusieron el recurso. Para CCAE, la decisión del TUE es "un paripé" que no se adecua a la realidad de las cooperativas agrarias y responde a "la arremetida" de los gasolineros.
El TUE anuló hoy la autorización concedida en 2002 por la Comisión Europea a las cooperativas agrarias españolas para vender carburantes a no socios con el objetivo hacer frente al impacto en la agricultura de la subida de los precios del petróleo al considerar que Bruselas no evaluó correctamente si esta decisión supone una ayuda de Estado ilegal.
El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno en 2002 a las medidas tomadas por España a favor del sector agrario tras el alza de los precios de los carburantes. Una de esas medidas autoriza en lo sucesivo a las cooperativas agrarias a distribuir determinado tipo de carburante a terceros no socios. Bruselas consideró que esta norma no constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
Las demandantes, que agrupan a empresarios de estaciones de servicio ubicadas en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Cataluña, interpusieron un recurso de anulación ante el TUE. Sostenían que el sistema fiscal aplicable a las cooperativas es ventajoso, en términos netos, en comparación con el régimen fiscal de otros tipos de sociedades y consideran que las medidas controvertidas son selectivas.
