BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, aseguró hoy que el primer documento que está circulando sobre la propuesta de la Comisión Europea para reformar el sector de frutas y hortalizas "no va mal encaminado" porque recoge las principales demandas del sector y del Gobierno español.
"La primera opinión es favorable", resaltó el responsable de Agricultura en Bruselas, donde participó en una reunión sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) en el Parlamento Europeo. Puxeo dio por hecho que la propuesta formal del Ejecutivo comunitario no se conocerá hasta enero y, en su opinión, sería positivo que la reforma se hiciera con rapidez. La negociación afecta a un sector que en España factura 14.000 millones de euros.
Según explicó Puxeo, la iniciativa de Bruselas plantearía un nivel de ayudas de unos "escasos" 200 millones de euros para financiar a las organizaciones de productores que, en el caso de frutas y hortalizas transformadas serían 160 millones de euros, de los cuales 90 serían para cítricos, teniendo en cuenta como periodo de referencia la media de los tres últimos años.
Los fondos comunitarios irían destinados a "disciplinar" el sector y tomar una serie de medidas en cuanto a calidad, calibres o épocas de maduración y lo que España pretende negociar es qué deberán hacer las organizaciones de productores para llevar adelante las políticas que posibiliten el funcionamiento del mercado.
Estas organizaciones, según Puxeu, deberán ser "transparentes" y quienes se asocien a ellas deberán tener un grado de identificación con las mismas y la posibilidad de cambio en caso de que la gestión sea ineficaz.
"La prioridad son los productores y la buena gestión de los mercados y las organizaciones son un instrumento para que esto funcione", apuntó. En el caso de frutas y hortalizas frescas para que funcione el mercado habrá que eliminar algunas producciones para lo que se contará con fondos comunitarios para financiar hasta el 60% de esas operaciones.
Aseguró también que se mantienen una parte de los fondos actuales e incluso se podría conseguir un ligero incremento para paliar el ingreso a la UE de dos nuevos Estados miembros, Bulgaria y Rumania, a partir de enero de 2007. Así pues auguró, como mínimo una "neutralidad financiera" como consecuencia de la reforma. Por otro lado, explicó que hay una "clara intención" de que parte de estos fondos pasen a medidas de desarrollo rural.
El Gobierno pretende que estas medidas de buenas prácticas las lleven a cabo las organizaciones de productores para que no se detraigan fondos y consistirán, entre otras cosas, en retirada de residuos sólidos de invernadero, tratamiento de plásticos, agricultura integrada o producciones ecológicas.
"Más protagonismo y más financiación a las organizaciones de productores e intentar que se concentren las organizaciones y ganen dimensión y que la obligatoriedad de los productores sea afiliarse por un producto", resumió.
TRANSFORMADOS
En cuanto a los productos transformados y, en concreto, para el tomate, se plantearía un nivel de ayuda desacoplada a las hectáreas tradicionalmente productoras, como la zona del Guadiana, valle del Ebro y algunas áreas de Andalucía, ceñido a las producciones de los últimos años. Se trataría de un pago por hectárea para quienes hagan tomate de conserva.
Por eso, según Puxeu, cuanto antes se apruebe la reforma, antes quedará despejado el escenario para el tomate. Si no, habrá que buscar medidas de retroactividad para la actual campaña, que se verá penalizada por exceso de producción de tres años anteriores.
En el resto de frutas y hortalizas transformadas, la idea de la Comisión Europea es un tipo de ayuda que tenga absoluta compatibilidad con las negociaciones de la OMC y, por lo tanto, no podrá pasar por una ayuda a la producción, como ha sido tradicionalmente el caso.
No obstante, como España no tiene esas hectáreas especializadas, la ayuda por hectárea sería muy baja. Puxeu puso como ejemplo que hectáreas que producen 5.000 euros de fruta dulce o cítricos tendrían niveles de ayuda de entre 150 y 300 euros.
En este caso, España pedirá mantener esas ayudas, no difuminarlas, y probablemente tendrá que hacer propuestas con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones agrarias para que se realice a través de un sistema organizado.
En cuanto a si la Comisión ha propuesto ayudas para arrancar árboles frutales, Puxeu dijo que de momento no ha propuesto nada pero que sí está abierta a medidas que se puedan hacer a través de las organizaciones de productores. "Se podría hacer, se podría financiar dentro de los programas operativos, probablemente. Eso, si el sector lo pide", aclaró.
Recordó también que, con presupuesto nacional, ya se está financiando un programa "muy ambicioso" de reconversión varietal para fruta dulce que ha tenido impacto sobre 8.000 hectáreas.
"Es una medida que, si el sector la demanda la podemos prever y financiar", dijo, tras señalar que dentro incluso del sobre nacional podría destinarse parte de esos fondos a esa política de arranque.
"Yo siempre prefiero hablar de reconversión, pero si el sector demanda el arranque definitivo, en ese caso estaría. Si se incluyese dentro de las medidas del programa operativo estaría cofinanciado en un nivel muy alto, del orden del 50% de los costes que se prefijen", añadió.
