SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones agrarias Asaja y COAG definieron hoy como "electoralista" e "irreal" el proyecto de Ley de Desarrollo del Medio Rural, que se encuentra en fase de primer borrador al discutirse el pasado 11 de mayo en el Congreso de los Diputados, porque se planteó "escasamente 15 días antes de las elecciones municipales" y porque el límite de 20.000 habitantes para la definición de medio rural es "injusto".
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó esta ley con el objetivo de "incrementar y coordinar mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan en las zonas rurales". Si bien en el artículo tercero del título preliminar se definió medio rural como "el espacio geográfico formado por la agregación de términos municipales que posean una población inferior a 20.000 habitantes y una densidad inferior a los cien habitantes por kilómetros cuadrado"
En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el miembro de la ejecutiva de COAG Andalucía, Salvador Pineda, destacó que 66 localidades andaluzas, sin incluir a las capitales de provincia, "se quedarían fuera" de los programas de desarrollo económico al ser descatalogadas como áreas rurales, "cuando no todas las ciudades de más de 20.000 habitantes son inminentemente urbanas". De esta manera, señaló que "una ley generalista que aglutina así, no puede ser", y confió en que se recojan todas las alegaciones que COAG hizo en su momento.
Por su lado, el técnico de Asaja en Sevilla, José Antonio Gallo, señaló a Europa Press que "es una ley voluntarista, pero que nace prácticamente vacía". Asimismo, señaló que "debe de impulsarse con fortaleza política y presupuestaria", ya que, a su juicio, "es un proyecto que está débilmente definido en cuanto a las aportaciones del Estado a un medio tan importante como es el rural, que ocupa el 90 por ciento del territorio", por lo que exigió que los fondos "vayan emparejados con el peso específico que supone".
Al hilo de esto, Gallo señaló que el proyecto "presenta una descoordinación entre el Gobierno español y la Junta de Andalucía" porque "mientras el proyecto de ley es eminentemente restrictivo, por la escasez de fondos que hay, la Junta, a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el presente marco comunitario 2007-2013, deja abierto todo el territorio para aplicar acciones de desarrollo rural".
Por último, Galló detalló que "la Comunidad andaluza es más ambiciosa y más realista y no ha limitado en absoluto a los términos municipales que pueden acogerse a la ley".
