RUEDA (VALLADOLID), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, afirmó que el no acuerdo de la Organización Común de Mercados (OCM) del vino hubiera supuesto para España un coste altísimo tanto económico como de oportunidad para el sector ya que, ésta reforma "supone una adecuación del sector al futuro".
De este modo, Puxeu añadió que la OCM aprobada se parece "poquísimo" a lo que se había planteado en un primer momento y que, supone una oportunidad que "no se podía dejar pasar". Así, se pretende que el sector del vino que está llegando "de forma muy favorable", produzca de forma "más positiva" que otros grandes países productores europeos.
En su opinión, "está consolidando su presencia en los mercados internacionales" y para ello, necesita instrumentos como la reforma así como la financiación que prevé la Organización Común de Mercados.
Según el secretario general, las nuevas empresas del vino que han surgido en los últimos veinte años "han dado una lección de como crecer de forma ordenada y como funcionar una entrada en el mercado a través de un producto de calidad", aplicando técnicas tanto vitícolas y enológicas, a través de una inversión en tecnología y recursos humanos.
Así, en la reunión informativa que mantuvo Puxeu con la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente y los presidentes de los Consejos reguladores de las D.O. de la región y otros representantes del sector se trataron asuntos como el tema de los derechos de plantación que se han ampliado desde 2010 hasta 2015 e incluso 2018 y, para D.O. fórmulas para que ellas mismas sean las que decidan su potencial vitícola.
MARCO ESTABLE.
Para Puxeu, la reforma de la OCM del vino, da "un marco estable de regulación" en la zona que más produce y la vez, más consumidora como es la Unión Europea, pero "sin perder de vista" el mercado mundial del vino que está creciendo un ocho por ciento. Asimismo, los nuevos consumidores demandan un tipo de vino que los están cubriendo vinos de Castilla y León como 'Rueda', 'Ribera', 'Bierzo', 'Toro', 'Cigales', pero a la vez, compitiendo con California, Australia, Nueva Zelanda, Chile o Argentina.
Por su parte, Silvia Clemente, señaló que la reforma de la OCM del vino es "una oportunidad" para Castilla y León porque es una ocasión para el vino de calidad, dada la vasta extensión del sector en la comunidad, 70.000 hectáreas de viñedo, de las cuales un 65 por ciento está dentro de "las marcas de calidad". Así, la reforma es "un proyecto de futuro", avalado por el crecimiento de las ventas de vinos de calidad en el mercado.
De este modo, Castilla y León ha ganado en el último año en posición de mercado y, en el último año ha crecido un 0'5 por ciento, lo que la sitúa en un 14'6 de ocupación de mercado. De esta manera, ocupa la segunda comunidad después de La Rioja.
Por otro lado, Silvia Clemente precisó que otra de las expectativas de Castilla y León respecto a la reforma de la OCM del vino está en el 'sobre nacional' conseguido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que permitirá al país mantener una cuota financiera de 420 millones de euros.
"Ahí confío en que Castilla y León ocupe un lugar destacado cuando se elabore la ficha financiera en ese 'sobre nacional' y haya una apuesta por las marcas de calidad y por el vino de calidad que nosotros representamos de una forma clara", manifestó.
Asimismo, Puxeu aseguró que los fondos del 'sobre nacional' conseguido por España como consecuencia de la reforma de la OCM del vino se repartirán en función de la capacidad de cada zona productora para generar demanda.
En este sentido, aclaró que todavía se trata de una "lista abierta" en función de la capacidad de generar demanda y del crecimiento de las denominaciones de origen por lo que aseguró que a día de hoy todavía no se puede hablar de una financiación territorial 'a priori'.
"TIEMPO SUFICIENTE" PARA ORGANIZAR EL SECTOR.
Clemente, que insistió en que el resultado de la reforma de la OCM del vino ha sido positivo, recordó que uno de los aspectos más preocupantes era el establecimiento inicial de 2010 como fecha para la liberalización de los derechos de plantación, un periodo que se ha aplazado hasta 2018 y que, a su juicio, da un margen de tiempo suficiente para organizar perfectamente el sector y para garantizar las producciones.
La consejera señaló otros aspectos beneficiosos para los intereses de Castilla y León, como el recorte de las cifras de arranque de viñedo que en esta Comunidad Autónoma "no interesaba absolutamente nada".
Silvia Clemente aclaró también que a lo largo de la negociación de la OCM del vino ha tenido la oportunidad de plantear directamente al Ministerio los planteamientos y las reivindicaciones de la Región, ligados, especialmente, al mantenimiento del control sobre la plantación y sobre la calidad, y reconoció que tanto el secretario general como la ministra, Elena Espinosa, han defendido los intereses castellanos y leoneses.
En el mismo sentido se pronunció Josep Puxeu, que ratificó el "contacto permanente" con todas las comunidades autónomas productoras y, "muy especialmente", con Castilla y León. "Todas las aportaciones que se han hecho no sólo se han tenido en cuenta sino que nos han ayudado a configurar esa posición", concluyó el secretario general del MAPA.
