Economía/Agricultura.- Los regantes amenazan con movilizaciones en otoño si el Gobierno no reduce sus costes energéticos

Actualizado: martes, 11 agosto 2009 13:14

El uso de agua para riego se ha reducido en un 20% en los últimos diez años


MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha anunciado un "otoño caliente" con movilizaciones generalizadas en toda España si el Gobierno no introduce las modificaciones legislativas necesarias que faciliten la adaptación de los regantes al mercado liberalizado de la energía eléctrica.

Así, como primer paso, recogerán firmas a través de las juntas de Gobierno de sus diferentes comunidades de regantes con el fin de que el Ejecutivo se replantee su negativa de aplicar un IVA reducido, así como que los regantes paguen por la potencia realmente utilizada y no por la máxima teórica contratada.

En este sentido, tampoco descartan la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas que les permita obtener el apoyo suficiente para presentar una propuesta legislativa por iniciativa popular ante el Congreso de los Diputados.

El consumo de agua en los regadíos españoles disminuyó en 20 puntos porcentuales en los últimos diez años, al pasar de una demanda de agua para uso agrario del 80% en 1999 a un consumo aproximado del 63% en la actualidad, según los últimos datos de Fenacore.

A juicio de la Federación, esta caída del consumo del agua en el sector agrario se explica, además de por la sequía soportada principalmente por los regantes, por el profundo proceso de modernización de regadíos que han llevado a cabo los agricultores en estos últimos años, con la transformación de los sistemas de riego por gravedad, de coste energético casi despreciable, a los nuevos mecanismos de riego por presión (aspersión, goteo, etc.).

Fenacore recuerda que estos sistemas precisan de un alto nivel de energía eléctrica para su funcionamiento pero que permiten ahorrar entre un 10 y un 20% de agua.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, los procesos de modernización de regadíos que están llevando a cabo los regantes suponen un "giro de 180 grados" a la hora de gestionar el agua, ya que conllevan una serie de efectos beneficiosos no sólo para el agricultor, optimizando su actividad, sino también para el medio ambiente, como la reducción de consumos con un ahorro de más de 1.200 hectómetros cúbicos anuales de agua.

Por este motivo, la Federación considera una "enorme ironía" que el Ejecutivo "premie" el esfuerzo económico realizado por los regantes en la modernización de regadíos con una subida tarifaria que podría llegar al 90% en algunas zonas regables -el 30% anunciado a comienzos de año más el 60% experimentado en julio de 2008 tras la supresión de las tarifas especiales-, lo que supone un sobrecoste de más de 100 millones de euros para el sector del regadío.

Además, el pasado mes de julio se incrementó en un 30% adicional el coste fijo del término de potencia y en otro 30% la parte regulada del coste de la energía.

EL VERANO DISPARARÁ LOS COSTES DEL REGADÍO

De cualquier modo, la Federación advierte de que las "consecuencias más graves" de este incremento "continuado" y "periódico" de la factura eléctrica se harán notar especialmente en estos meses de verano en los que es necesario intensificar las campañas de riego, disparando el gasto energético a cifras "inasumibles" y poniendo en peligro la viabilidad del sector y los procesos de modernización en curso. Así, muchas zonas regables se verán obligadas a regar de manera insuficiente sus cultivos, viendo mermada su producción y rentabilidad.

Si bien es cierto que desde la Administración central y las comunidades autónomas se han facilitado ayudas para la modernización de regadíos, los regantes han tenido que hacer frente a alrededor del 60% de la inversión, encontrándose ahora con unos costes energéticos casi duplicados, por causas ajenas a los agricultores.

Ante esta situación, Fenacore advierte sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios que sufrirán estas zonas regables que, en muchos casos, han hipotecado sus explotaciones a 50 años con unas obras que resultan no ser rentables, tras la decisión de la Administración de incrementar los precios.