SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Verdes, socio del PSOE a nivel nacional y andaluz, solicitará a la Unión Europea que retire las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a todos los agricultores que recurran a pozos ilegales para regar sus cultivos ante la falta de recursos que sufre la comunidad autónoma de Andalucía.
Así lo avanzó a Europa Press el portavoz de Los Verdes de Andalucía y diputado adscrito al Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Garrido, que animó a las administraciones públicas a reforzar el control de los pozos ilegales existentes en Andalucía, que cifró en más de 20.000, en su mayoría en la cuenca del Guadalquivir.
Garrido coincidió con el PP en que la Junta "ha desarrollado una gestión para nada buena" frente a la sequía, si bien puso de manifiesto que las comunidades gobernadas por los populares tienen una política "aún peor, ya que comunidades como Valencia no han aprobado una sola medida de decretos de sequía a pesar de que registran niveles de despilfarro y saqueo tremendo", mientras que en Andalucía se oponen a medidas "clave" como la aplicación de un canon, la regulación de los campos de golf, la limitación del crecimiento urbanístico y el aumento del precio del agua.
Frente a ello, el líder andaluz de Los Verdes subrayó "la necesidad urgente e imperiosa" de poner en marcha medidas que ayuden a reducir el consumo de agua, como la aprobación "urgente" de la Ley de Aguas de Andalucía que establezca un canon para todas las actividades de consumo de agua, incluidas la agricultura y los campos de golf.
TARIFAS MODULADAS PARA GRAVAR LOS MAYORES CONSUMOS
Junto a ello, Garrido apostó por el aumento del precio del agua a través de "un sistema de tarifa modulada que grave los consumos más altos e ineficientes"; la aprobación de un plan andaluz de asignación de derechos de usos del agua; o el cumplimiento de los objetivos de depuración y reutilización del agua de la directiva europea del agua.
Otras medidas a tomar por parte de la Junta de Andalucía serían, a juicio de Los Verdes, el establecimiento de una "moratoria indefinida en la extensión de nuevos regadíos" y la clausura de pozos y tomas de agua ilegales, así como "un decreto de campos de golf, planes de ordenación subregionales y una nueva ley del suelo".
