MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Enel pidió hoy autorización a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para elevar su participación en Endesa hasta un 24,9% y para poder ejercer sus derechos políticos más allá del 3%, informó el organismo regulador de los mercados energéticos y la propia compañía.
Fuentes de la CNE explicaron a Europa Press que el consejo de administración del regulador tendrá que evaluar en un primer momento la documentación aportada por Enel y hacer los requerimientos de información adicionales que, en su caso, correspondan.
Además, las mismas fuentes indicaron que las partes relacionadas podrán solicitar personarse en los respectivos expedientes y presentar sus correspondientes alegaciones en el supuesto de que se abra un plazo para ello.
El grupo italiano está obligado a cursar estas respectivas solicitudes, ya que la compañía alcanzó hoy el 17% de Endesa, rebasando así el limite del 10% a partir del que el regulador tiene la potestad para estudiar las operaciones realizadas por cualquier sujeto en una sociedad que desarrolle actividades reguladas, en virtud de las competencias conferidas a través de la Función 14.
Además, la empresa que preside Piero Gnudi tiene que salvar otro obstáculo legal para poder ejercer plenamente sus derechos de voto en la primera eléctrica de España, recogido en el Real Decreto 6/2000, que restringe los mismos a una sociedad que disponga de participaciones superiores al 3% en dos empresas significativas en el mismo sector.
Desde el 2002, Enel es también accionista de Viesgo, que es una compañía considerada como operador principal en el último listado que la CNE publica anualmente. Con esta solicitud, el grupo italiano persigue así ejercer plenamente sus derechos de voto de acuerdo con la participación que ostenta en Enel Viesgo y para el porcentaje total que adquiera en Endesa, tal y como informó hoy la compañía en un comunicado.
La CNE tiene la potestad para modificar esta medida de acuerdo al apartado número 5 del mismo artículo, que contempla que el regulador podrá autorizar el ejercicio de los derechos de voto correspondientes más allá de este límite, "siempre que ello no favorezca el intercambio de información estratégica entre operadores ni implique riesgo de coordinación de sus comportamientos estratégicos".
El regulador cuenta con un mes de plazo para presentar un dictamen sobre el expediente que recoge la solicitud para elevar la participación en Endesa, y con un periodo de cuatro meses para formular una resolución definitiva sobre el ejercicio de los derechos de voto.
Desde la CNE indicaron que el grupo italiano no ha pedido acelerar el plazo para la resolución de los expedientes, a pesar de que la junta de Endesa se celebra el próximo 20 de marzo. Además, explicaron que estos expedientes fueron introducidos hoy en el registro de la CNE una vez que había finalizado el consejo, con lo que la próxima semana comenzará los trabajos de análisis.
En concreto, en la reunión de esta tarde los consejeros se limitaron a continuar evaluando el expediente formulado por Sonatrach para elevar su participación Medgaz, así como trabajando en el informe que realizan de oficio sobre la empresa argelina.
AUTORIZACION POR PARTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.
El organismo que preside María Teresa Costa podría también tener que realizar un informe perceptivo para el Consejo de Ministros, que tendrá que decidir si autoriza a Enel para el pleno ejercicio de sus derechos políticos en virtud de la Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2001, que restringe al 3% los derechos de las compañías extranjeras con capital público, de forma directa o indirecta, que tomen participaciones relevantes en empresas españolas.
Desde la CNE, explicaron que en los casos precedentes, como la entrada de EDP en HC Energía (antes Hidrocantábrico) no se ha solicitado un informe a la CNE sobre este asunto, sino que la legislación contempla que el Consejo debe contar con una valoración de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
No obstante, el regulador no descarta que, a modo consultivo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero requiera un informe sobre cómo afectaría al sector la entrada de una empresa extranjera con capital público.
Para conceder este permiso el Consejo de Ministros cuenta con un plazo de dos meses, y en caso de que se rebase este periodo la operación será automáticamente aprobado en virtud del silencio administrativo.
