Bruselas podría obligar a las eléctricas a devolver la compensación que reciben del Estado
BRUSELAS/MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió hoy una investigación formal sobre posibles ayudas públicas ilegales a las grandes y medianas empresas y a los operadores eléctricos tradicionales en España en forma de tarifas eléctricas reguladas "artificialmente bajas", que provocaron un déficit de 3.810,5 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005.
La investigación no concierne a las tarifas reguladas para las pequeñas empresas y las viviendas. La decisión de abrirla ofrece a las partes afectadas la oportunidad de presentar alegaciones y no prejuzga su resultado.
Si el Ejecutivo comunitario concluye que efectivamente las tarifas reguladas constituyen subvenciones públicas ilegales, "las compañías eléctricas deberían devolver la compensación que reciben del Gobierno", afirmó el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, que citó, en concreto, a Endesa e Iberdrola.
Por su parte, la comisaria Neelie Kroes explicó a través de un comunicado que "aunque algunos sectores de la industria europea están pasando por momentos difíciles debido a los elevados precios de la energía, se deben evitar los falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado energético liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas".
El Ejecutivo comunitario considera que en 2005 España fijó unas tarifas reguladas "artificialmente bajas" para las grandes y medianas empresas y para las empresas con gran consumo de energía y señala que estas tarifas pueden haber supuesto "cantidades importantes de ayuda al funcionamiento" a estas empresas y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico, que "podrían haber recibido una compensación excesiva del Estado español y haber conseguido un beneficio anómalo gracias a este sistema".
Bruselas se muestra especialmente "preocupada" por el posible falseamiento de la competencia en los mercados de los productos de las grandes y medianas empresas, que podrían haberse beneficiado de "ventajas" frente a sus competidores de otros Estados miembros, según explicó Todd. Además, considera que la compensación por el déficit de tarifa "tuvo como efecto proporcionar un beneficio garantizado a los operadores tradicionales del sector eléctrico que ofrecían estas tarifas industriales".
MERMA DE COMPETENCIA.
Otro motivo de preocupación para el Ejecutivo comunitario es que, puesto que sólo se permitió a los operadores históricos de electricidad españoles ofrecer tarifas reguladas bajas, ello puede haber impedido a nuevos proveedores potenciales entrar en el mercado eléctrico español o inducido a otros a abandonar sus actividades en España, eliminando así competencia y los beneficios que ello habría supuesto para los consumidores.
La Comisión recordó que su investigación sobre la competencia en el mercado de la energía ya puso de relieve los problemas plantados por las tarifas artificialmente bajas reguladas por el Estado. Además, Bruselas ya ha expedientado a España por estas tarifas reguladas, al considerar que podrían ser incompatibles con la directiva de liberalización de la electricidad.
UN DESAJUSTE DEL SISTEMA.
Este déficit de 2005 se financiará por un recargo que tendrán que pagar todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos 14 años.
Para corregirlo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijó el pasado año un límite para las liquidaciones que realiza la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de 42,35 euros por megavatio/hora (MWh) para la energía que compran y venden simultáneamente las generadoras y distribuidoras de un mismo grupo empresarial en el mercado mayorista de electricidad ('pool'). Asimismo, las compañías deberá devolver el pago de los derechos de emisión asignados gratuitamente.
A pesar de estas medidas aprobadas el pasado 24 de febrero a través del Real Decreto 3/2006, las eléctricas ya acumulan un déficit tarifario de 2.882,3 millones de euros hasta noviembre del pasado año, según la undécima liquidación provisional CNE.
Tanto el Gobierno como el sector reconocen que la generación de este déficit es consecuencia de no subir la tarifa eléctrica lo suficiente y estiman que para corregir este desajuste sería necesario un incremento del 20% del recibo de la luz, aunque por razones sociales no es viable aplicar tal subida.
En consecuencia, para este año se aprobó una subida media de la tarifa eléctrica de un 4,3% y se aplicarán revisiones trimestrales a partir del segundo semestre de este año, donde se tendrán en cuenta la evolución de los factores variables que inciden en el precio de la electricidad, como la cotización del petróleo o el precio de las materias primas.
Además, el Ministerio de Industria ha elaborado un borrador, que ha sido recientemente aprobado por la CNE, para regular la contratación bilateral de los distribuidores de electricidad a través de un mecanismo de subasta, aunque el departamento que dirige Joan Clos prevé que la primera subasta se celebrará antes del 15 de diciembre de este año.
Este mecanismo será trimestral en su fase incial para ser compatibles con la revisión de las tarifas eléctricas, y el precio que marquen será el que se tendrá en cuenta para determinar el déficit.
Con el fin de que el pago del déficit no se demore en el tiempo, el Gobierno ha decidio poner en marcha un déficit 'ex ante' que se reconocerá antes de que las empresas incurran en el mismo, y que ascenderá a 750 millones en el primer trimestre de este año, según está recogido en el Real Decreto de tarifas para 2007.
