MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria rechazó hoy por segunda vez el recurso planteado por Iberdrola contra la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de permitir a ACS elevar su participación en Iberdrola, en la que controla un 12,4% del capital, y ejercer derechos de voto por encima del 3%, informaron hoy a Europa Press en fuentes del sector.
Se trata de la segunda ocasión en que el Departamento que dirige Miguel Sebastián niega una petición similar de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán desde que ACS entrara en su capital a finales de 2006. Iberdrola argumenta que la constructora es competidor porque es primer accionista de Unión Fenosa, con un 45,3% de su capital.
Iberdrola presentó el primer recurso contra ACS ante Industria poco después de que la compañía de construcción y servicios que preside Florentino Pérez entrada en su capital con la toma de un primer 10%, concretamente en noviembre de 2006, después de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) permitirá a ACS poder elevar hasta el 24,9% su participación en Iberdrola con condiciones.
El segundo recurso, el que Industria rechaza ahora, es el que Iberdrola presentó al conocerse eventuales contactos entre ACS y la gala EDF.
La eléctrica solicitó que se revocaran las autorizaciones de derechos de voto otorgadas a la constructora argumentando que dichos contactos contradecían los objetivos manifestados en su día por el grupo constructor e invalidaban los permisos. La CNE desestimó esta petición que ahora también rechaza Industria.
No obstante, la eléctrica que preside Sánchez Galán solicitó de nuevo a la CNE que limite al 3% los derechos de voto a ACS a finales del pasado mes de mayo, después de que el presidente de la constructora manifestara su apoyo a una eventual fusión entre Iberdrola y Gas Natural.
La eléctrica argumentó que las palabras de Florentino Pérez suponen un cambio de estrategia que incrementa los riesgos de coordinación que pretende evitar un Real Decreto aprobado en junio de 2000, que limita los derechos de voto en las empresas que son operadores principales de los mercados energéticos.
