MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional iniciará el próximo lunes, 17 de diciembre, la vista para tratar la quiebra de Sintel, al considerar que no existen razones "evidentes" para justificar la suspensión preliminar de la misma, si bien "excusa" a los acusados de presentarse personalmente en el procedimiento, según ha informado el presidente de la Asociación de trabajadores, Adolfo Jiménez, a Europa Press.
En este sentido, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha señalado que dado que se trata de cuestiones a resolver "eminentemente técnicas" y de lo "desproporcionado" que sería la comparecencia obligatoria de los acusados, que residen en el extranjero y que han demostrado su "plena disposición" a estar presentes en el procedimiento, se les excusa de su presencia personal, aunque sí deberán acudir sus representantes procesales.
Fuentes de Sintel han indicado que en la vista se tratarán cuestiones "técnicas" como son intentar establecer cuál es la posición de los órganos de la quiebra, así como la actual transacción que habían concertado con los trabajadores.
El presidente de la Asociación ha explicado a Europa Press que han pedido que se aparte de la acusación a la comisión de quiebra de Sintel, ya que según los registros oficiales estos órganos dejaron de existir en julio de 2003.
BOICOT AL ACUERDO
Jiménez ha recordado que los trabajadores de Sintel llegaron a un acuerdo extrajudicial este verano con la empresa MasTec para cobrar 35 millones de euros en compensación por los daños que les causó la quiebra de la compañía en el año 2001.
No obstante, el presidente de la asociación ha explicado que desde la comisión que supervisa la liquidación de la empresa, asesorada por el despacho de abogados Uría Menéndez, se ha intentado "boicotear" este acuerdo, que debía ser asumido por otras partes personadas en la causa.
"El dinero lo han pactado los acusados con los trabajadores, así que nada tienen que ver estos organismos, que ni están personados ni existen jurídicamente", ha apuntado.
El presidente de la asociación se ha mostrado "preocupado", ya que si no se retiran de la causa, por una parte los trabajadores podrían quedarse "sin cobrar un dinero que les pertenece" y, además, una "hipotética y más que segura condena" de los acusados podría ser considerada nula por el Tribunal Supremo.
El conflicto tiene su origen en abril de 1996, cuando Sintel fue vendida a MasTec, firma propiedad de Mas Canosa, que la adquirió a través de su la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel, que dejó a 1.788 acreedores y a 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación y reivindicación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que se llamó 'el Campamento de la Esperanza'.
