El Congreso decidirá a finales de marzo, tras escuchar a Taguas (Seopan), Bárcenas (Cepyme) y a los autónomos
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Después de dos semanas de negociación, los grupos parlamentarios del PSOE y CiU todavía siguen sin cerrar un acuerdo sobre la proposición de reforma de la Ley de Morosidad impulsada por la federación catalana, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que todavía no tiene ningún "compromiso" por parte del PSOE, al que advierte que lo "va a tener muy mal" si busca aprovechar el trámite parlamentario para "desnaturalizar el alma" de su proposición de ley, ya que confía en contar con el respaldo del resto de grupos para sacarla adelante.
La tramitación de la iniciativa, pendiente desde junio, sólo se desbloqueó tras negociaciones directas entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, en las que llegó a participar el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas han trasladado a los nacionalistas catalanes su intención de ofrecer acuerdos para modificarla parcialmente.
Como primer gesto, CiU retiró el recurso presentado ante la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio contra las enmiendas del PSOE a la proposición de ley, que los nacionalistas catalanes consideran una "jugarreta malintencionada y perniciosa" que busca allanar el camino a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible.
CIU DESCONFÍA DE LA OFERTA DEL PSOE
Así, los socialistas pidieron en un principio la eliminación de todos los artículos del texto de CiU salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad.
Ahora, el portavoz de Comercio del PSOE, Félix Larrosa, ha trasladado a CiU la oferta de negociar otras enmiendas, que todavía no ha entregado a la federación catalana. "Habrá que ver en qué consisten y en qué dirección va", incidió Sánchez Llibre, quien señaló que esta cuestión está al margen de la negociación de los acuerdos contra la crisis que CiU, junto al resto de grupos parlamentarios, está negociando con el Gobierno.
Los socialistas mantienen la voluntad del PSOE de "compaginar" la negociación "en paralelo" de esta iniciativa con la elaboración de la nueva Directiva Europea de Morosidad --que prevés que se apruebe antes del verano-- y con la futura Ley de Economía Sostenible, que también recoge medidas en este ámbito.
COMPARECENCIA DE TODOS LOS SECTORES EN EL CONGRESO
En cualquier caso, no será hasta dentro de un mes, el próximo 23 de marzo, cuando la Comisión del Congreso debata con competencia legislativa plena esta iniciativa y la remita al Senado. El objetivo es que su aprobación definitiva se produzca antes del verano.
Ambos grupos han acordado que la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso reciba el próximo 9 de marzo a representantes de varias asociaciones empresariales y organismos públicos para estudiar los problemas de morosidad, entre ellos el presidente de la patronal constructora Seopan, David Taguas, el la patronal de pequeñas empresas Cepyme, Jesús Bárcenas, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
Asimismo, escuchará al presidente de ATA, Lorenzo Amor; presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, el presidente la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén; el presidente de la Asociación Española de Empresas de Productos de Marca (PROMARCA), Ignacio Larracoechea, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO), Luis Rodulfo Zabala.
VACUNA ESENCIAL PARA LAS PYMES
La proposición de ley de CiU plantea un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".
De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.
