MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha propuesto en el Congreso un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para recuperar la posibilidad de que los empleados de una empresa puedan solicitar a la autoridad laboral la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción en caso de que su empresa esté inmersa en graves dificultades que les pueden suponer "perjuicios de imposible o difícil reparación" y no adopte ninguna medida para resolver la situación.
En su proposición de ley, que recoge Europa Press, CiU recuerda que esta posibilidad existía hasta que se suprimió la autorización administrativa en la última reforma laboral, de 2012, con el apoyo tanto del PP como de los propios nacionalistas catalanes. Sin embargo, la pérdida de esta posibilidad no ha ido acompañada de una solución alternativa para este problema.
Por eso, piden recuperar el texto anterior del Estatuto de los Trabajadores para que los trabajadores puedan pedir a la autoridad laboral competente que declare la extinción de la relación laboral si "racionalmente se presumiera que la falta de iniciación de un procedimiento de despido colectivo por parte del empleador pudiera ocasionar a los trabajadores perjuicios de imposible o difícil reparación".
Es el caso, por ejemplo, de empresas con pérdidas que no pagan los salarios y las cotizaciones sociales a sus trabajadores pero tampoco proponen una extinción ordenada de los contratos por falta de viabilidad, lo que hace que esos empleados queden atrapados en una situación en la que ni cobran ni pueden solicitar la prestación por desempleo.
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
Los nacionalistas catalanes también han registrado otra proposición para modificar las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo de dar marcha atrás en los cambios que el Gobierno aprobó en julio de 2012 para estos gravámenes.
El objetivo, dice CiU, es que las exenciones fiscales para las indemnizaciones por despido reconocidos como improcedentes se apliquen si el contrato se extingue antes del acto de conciliación y siempre que no se derive de un acuerdo mutuo. Lo mismo funcionaría para los despidos o ceses consecuencia de expedientes de regulación empleo, en los que estaría exenta la parte de la indemnización que no supere los límites obligatorios para el despido improcedente que fija el Estatuto de los Trabajadores.
Y es que el Grupo Catalán señala que desde que se exige que las indemnizaciones no puedan derivar de convenios, pactos o contratos entre las partes se ha producido un "incremento muy notable" en el número de solicitudes de conciliación presentadas ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación, al ser un requisito "ineludible" para beneficiarse de la exención fiscal.
Esto supone la "presentación artificiosa" de una solicitud de conciliación que, "obviamente, acabará y acaba en un pacto que, en la mayoría de los casos, ya existía 'ab initio'", por lo que la conciliación se convierte en un "mero trámite que no aporta ningún valor añadido" y que, sin embargo, "colapsa" el servicio.
Con el cambio que propone CiU se "ganaría en eficacia" sin que por ello se viera alterada "en modo alguno" la efectividad de la fiscalidad de las indemnizaciones, aseguran los nacionalistas catalanes.
