Ofrece la posibilidad de convertir los bonos existentes en un nuevo bono por un máximo de 250 millones y con una quita del 50%
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Codere ha contraofertado a los bonistas con una nueva propuesta, en respuesta al ultimátum lanzado por estos la pasada semana, en la que no requiere de una nueva inyección de fondos y que "le permite refinanciarse a vencimiento o antes de vencimiento", retrasando el pago de la deuda hasta 2019.
En una carta remitida a los bonistas a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano rector del grupo de juego privado, controlado por la familia Martínez Sampedro, máximo accionista de la compañía con una participación del 63,7%, plantea una nueva propuesta que no requiere ninguna inyección de fondos por parte de estos, así como un periodo de carencia de intereses en los bonos emitidos en euros y dólares de 5,5 años (hasta diciembre de 2019), incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagados desde diciembre de 2013.
Además, como alternativa a lo anterior, ofrece la posibilidad de convertir los bonos existentes en un nuevo bono por un máximo de 250 millones de euros, con intereses pagaderos en efectivo al tipo del 8% anual y vencimiento el 30 de junio de 2019, y con una quita en la conversión del 50%.
Para el consejo, esta propuesta "no requiere nueva inyección de fondos por los bonistas, dota a la compañía de los recursos necesarios para implementar su plan de negocio de diciembre de 2013 y le permite refinanciarse a vencimiento o antes de vencimiento".
De esta manera, Codere da respuesta al ultimátum del pasado 20 de marzo de sus bonistas, que poseen la mayor parte de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de dólares de la compañía, en el que daban de plazo al consejo de administración del grupo hasta el 26 de marzo para aceptar su oferta de reestructuración para la compañía.
En una carta remitida al consejo del grupo, estos acreedores, recordaban que en caso de que no se produzca una capitalización de la deuda de la sociedad en los términos de su oferta, "terminará en concurso (y muy probablemente en liquidación), lo que, sin lugar a dudas, destruirá valor para los 'stakeholders' (incluyendo acreedores comerciales y financieros, empleados y accionistas existentes) y tendrá como resultado que los accionistas no recuperarán ningún valor de su inversión".
En su oferta, los acreedores ofrecían una inyección de 400 millones de euros (200 millones de euros mediante un contrato de financiación senior y otros 200 millones de euros de una ampliación de capital) para pagar deudas vencidas y financiar sus iniciativas, en una reducción de su endeudamiento, que asciende a 1.039,6 millones de euros, en cerca de 365 millones y en permitir diferir en el tiempo, hasta en cinco años, futuros vencimientos.
Para ello, los bonistas, que están dispuestos a aceptar una quita del 35%, exigían recibir el 96,8% del capital de la sociedad, mientras que los actuales accionistas pasarían a ser titulares del 3,2%.
PERMANENCIA DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL ACTUAL.
En su carta, el órgano rector de la compañía, que ofrece además la permanencia de la estructura de capital actual, aunque recuerda que en su anterior oferta ya ofreció la entrada en el capital con una participación que podría llegar al 70% con un mecanismo de control compartido, lamenta "el tono de amenaza" de los bonistas, que demuestran "la ausencia de toda voluntad negociadora y desprecia los sucesivos intentos del consejo de aproximar posturas".
A pesar de ello, se muestra abierto a estudiar "con ánimo constructivo" cualquier alternativa que tenga por finalidad dotar a la compañía de una estructura financiera "estable y que asegure su viabilidad a futuro".
Además, considera que la compañía no necesita una inyección de 400 millones de euros, ya que es capaz de generar caja en la medida suficiente para satisfacer sus necesidades de liquidez en el futuro, y subraya que "el coste del servicio de la deuda ofrecida es irracionalmente elevado".
Así, el consejo reitera que continuará empleando "sus mejores esfuerzos" para intentar llegar a una solución consensuada con anterioridad a una eventual solicitud de concurso de acreedores y cumpliendo "estrictamente" con la legalidad española y, "en especial con la legislación concursal".
