MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá en su sesión de este jueves, la última del año, las siete enmiendas de devolución contra el proyecto de ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentadas por todos los grupos parlamentarios de la oposición, que consideran que unificar seis reguladores en un único organismo le restará eficiencia y transparencia.
Los grupos Socialista, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y dos partidos del Mixto (ERC y BNG) han presentado enmiendas de devolución del proyecto al Gobierno, que en los dos primeros casos van acompañadas además de un texto alternativo de reforma, en el que proponen mantener la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y agrupar el resto de supervisores en tres organismos.
En general, los argumentos contra esta modificación normativa que comparte la oposición es que integrar la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) en una CNMC nica restará eficiencia a su funcionamiento, además de especialización.
MENOS INDEPENDENCIA
Además, critican el modelo por el que ha optado el Gobierno, que restará independencia al nuevo supervisor, ya que la financiación y algunos nombramientos dependerán del Ejecutivo, que también asumirá parte de las funciones de las actuales comisiones, en un momento en que es fundamental que estos organismos cuenten con margen de maniobra, al estar pendiente de elaboración la regulación de ámbitos muy complicados como la energía o el transporte.
Por otra parte, la oposición coincide en criticar que este modelo integrado no es homologable al de ningún otro país de la UE y rechazan que no se prevea una rendición de cuentas ante ningún otro organismo, ni siquiera ante el Congreso como sucede ahora.
La unificación de las funciones reguladoras y supervisoras, la no inclusión de la protección a los consumidores entre las funciones previstas para la CNMC o la opacidad que provocará una entidad de este tamaño son otros argumentos por los que se pide la devolución del proyecto al Gobierno.
De hecho, las diferentes formaciones dudan de que esta integración vaya a lograr los objetivos de ahorro y superación de las duplicidades que se fijan en el propio proyecto, que además ha sido redactado sin colaboración ni con los sectores implicados ni con los partidos políticos.
"Resulta imposible evitar la duda de si el objetivo último de esta propuesta consiste en sustituir a los consejeros de un color político por consejeros de otro color más afín", dudan desde UPyD, mientras que el BNG recuerda que "en el actual contexto de crisis y de grandes concentraciones de capital y funcionamientos oligopolísticos de los mercados, es más necesaria que nunca la existencia de organismos reguladores fuertes, independientes y eficaces, justo lo contrario de lo que se propone en este proyecto".
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera esta iniciativa un "nuevo capítulo en el proceso de centralización e invasión competencial"; y para CiU el modelo elegido supone "anteponer la obsesiva prioridad por la recentralización y el intervencionismo a la prioridad por la eficiencia en el funcionamiento de los mercados".
A juicio del PNV, es positivo "coordinar, racionalizar y reducir" las estructuras públicas, "siempre y cuando eso no suponga más perjuicios que beneficios", como sucede a su juicio en este caso.
MODELO 1+3
El PSOE y la Izquierda Plural, por su parte, acompañan su enmienda de totalidad de una propuesta alternativa, en la que las dos formaciones abogan por un modelo muy similar en el que se mantenga la CNC como una comisión independiente y se agrupen el resto de organismos en tres: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión de las Comunicaciones y del Sector Postal, y la Comisión Nacional del Transporte.
IU-ICV cree que de esta manera se conseguirían "optimizar las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las industrias y sectores", salvaguardando en todo caso su "independencia, eficacia y profesionalidad en un marco de mayor eficiencia" y en beneficio del consumidor.
También los socialistas alertan de que, de salir adelante el proyecto del Gobierno, serán los consumidores los que acaben pagando precios más altos por peores servicios, frente a "los poderosos y las empresas oligopolísticas, que saldrán beneficiadas de una mayor desregulación y opacidad".
Por eso, junto al modelo '1+3', los socialistas abogan por elegir a los directores generales por "convocatorias públicas" con "criterios de mérito y competencia" y dar "mayor publicidad y transparencia" al funcionamiento de estos organismos publicando todos sus informes y reuniones.
