MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente el proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, que sólo ha sido respaldada por el PP mientras el resto de grupos parlamentarios criticaban una norma que ven centralizadora y que no ofrece garantías democráticas suficientes.
El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, ha rechazado una norma que "nadie entiende para qué" se hace, y la ha atribuido a un "pacto oculto" del exministro Miguel Ángel Cañete con "no se sabe quién" que no comparte ni siquiera su sucesora, Isabel García Tejerina. "Porque tengan mayoría no pueden hacer lo que les dé la gana, como hacen con esta ley simple y llanamente", ha añadido.
Además, ha recordado que tampoco las organizaciones agrarias están de acuerdo con la norma y ha criticado que están "engañando" a quienes sí la respaldan porque "no se van a convocar elecciones esta legislatura, tal y como han prometido".
Finalmente, ha acusado al Ejecutivo de plantear "un paripé, un pucherazo" por no regular una consulta según las normas electorales y por fijar "derechos de voto" en función de la cantidad de ayudas que se cobren de la Política Agrícola Común (PAC). "La ley es mala en origen y no sólo no ha mejorado en la tramitación, sino que ha empeorado", ha añadido, reprochando al PP su "incapacidad" para conseguir consensos, como sí obtuvo la normativa actualmente en vigor, de 2009.
SIN LEGITIMIDAD
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, también cree que el cambio de las elecciones por una "consulta con todas las comillas del mundo" supone "un verdadero apaño" que "no da legitimidad" al proceso. "Las elecciones agrarias son el medio más democrático y legítimo para medir quién representa a quién. Pero este proyecto no va a servir y va a crear más problemas de los que puede resolver", ha pronosticado.
Además, avanza que esta "chapuza" de norma "no se podrá siquiera aplicar" y que incluso puede "empeorar" la interlocución con las organizaciones agrarias, y se ha preguntado el por qué de las "prisas" en la tramitación, cuando la consulta no se convocará ni siquiera esta legislatura.
"Están cometiendo una verdadera barbaridad que repercutirá en un mayor conflicto en el sector agrario y mayor dificultad para el entendimiento", ha concluido.
VULNERA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Por parte de CiU, Marc Solsona no ha ocultado su "decepción" por la tramitación de la norma y la imposibilidad de acordar "nada o casi nada" con los grupos parlamentarios, y además ha reprochado al Gobierno que regule "sin tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas" en esta materia.
Asimismo, critica que no se haya regulado el procedimiento según las normas electorales y ha reprochado el "error más flagrante" que es no aclarar cuándo se celebrará la consulta. "¿Por qué tanta celeridad para legislar cuando luego se deja para dentro de 18 meses las primera consulta? No lo entendemos", ha dicho, anticipando que se está "sustituyendo una ley inaplicable por otra que tampoco se aplicará y que no solucionará nada".
El nacionalista vasco Joseba Agirretxea coincide en que el proyecto ha "empeorado" tras pasar por el Senado y ha hecho hincapié en que se cambie el modelo de elección de las organizaciones agrarias más representativas "pasando de uno donde las comunidades ostentan el papel determinante a una consulta única en el conjunto del Estado, a pesar de que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de agricultura".
"No considerábamos necesaria una ley para esto, pero el Gobierno ha pretendido --creo que con el objetivo de volver a acaparar en el Estado competencias transferidas o intervenir en cuestiones a través de una especie de estamento supraautonómico-- demostrar que el Ministerio está por encima de las consejerías y que tiene que tutelar y velar por si alguno no hace bien las cosas, como el PP quiere que se hagan", ha reprochado.
Teresa Jordá (ERC) considera esta norma "necesaria" aunque critica la "visión centralista y unitarista" del Gobierno y los requisitos mínimos de representatividad fijados. Por su parte, Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que el proceso no ofrece "garantías suficientes" en la regulación de los procedimientos y que es únicamente un "empecinamiento" del PP.
Por parte de Amaiur, Maite Ariztegi cree que este "bodrio de ley" y "chapuza legal" es "totalmente inasumible". "Es otra partida con las cartas marcadas por la discrecionalidad. Otra vez nos encontramos con la pared de su mayoría y con su actitud caciquil. Es una ley centralizador y uniformizadora, un ataque a nuestra soberanía", ha añadido.
MEDIR LA REPRESENTATIVIDAD REAL
Sin embargo, el 'popular' Bibiano Serrano ha asegurado que con esta ley los agricultores y ganaderos españoles podrán "elegir democráticamente en las urnas a sus representantes" para que las organizaciones agrarias tengan "un plus de legitimidad" a la hora de negociar con el Gobierno. "El Ministerio necesita interlocutores válidos, democráticos, elegidos por el sector. Y ésta es una consulta con todas las garantías", ha añadido.
Además, considera que con la nueva regulación se "acabará con las disputas diarias" entre las organizaciones del sector que, a su entender, se deriva de la "inaplicabilidad" de la norma de 2009, que en la práctica está suponiendo que las organizaciones "pacten" sus cuotas al 33%, sin permitir entrar a nuevas asociaciones.
Esto es así, ha explicado, porque pese a la obligatoriedad de convocar elecciones en las diferentes comunidades autónomas, desde 2009 sólo dos (Cataluña y Castilla y León) las han celebrado cuando tocaba, mientras que en cinco "no ha habido elecciones nunca" y más de la mitad sólo lo han hecho "una vez en 35 años". "En algunas regiones, las elecciones más recientes fueron hace 16 años, y en otra comunidad (el País Vasco) la representatividad se mide por afiliación", ha añadido.
"¿No será mejor que les hagamos pasar por las urnas? ¿Qué les parecería que la representatividad en el Congreso se definiera en función de la afiliación a los partidos? El Gobierno podía haber mirado para otro lado, como hizo el PSOE, o coger el toro por los cuernos e intentar solucionar el problema. Y esta ley es pionera en España y en la UE", ha zanjado.
