MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Agricultura del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley del PSOE, transaccionada con el PP, para pedir al Gobierno que reclame a la UE más recursos con los que compensar las pérdidas que el veto ruso a productos agroalimentarios europeos está provocando a los productores, así como ampliar el listado de artículos que se consideran afectados.
Además, la Cámara Baja quiere que el Ejecutivo comunitario haga un "seguimiento minucioso" de la evolución de los mercados y que articule medidas preventivas para "adelantarse a los problemas" antes de que aparezcan, así como que siga interviniendo directamente en los mercados y tome decisiones como fomentar el almacenamiento privado para determinados productos.
Con esta iniciativa, también se reclama al Gobierno que "asegure el compromiso de la UE de usar todas las medidas que contempla la nueva OMC de productos agrarios y usar las medidas previstas en caso de perturbación grave del mercado".
A nivel nacional, el texto acordado rebaja las expectativas iniciales del PSOE y finalmente se limita a pedir al Ejecutivo que continúe adoptando medidas en la línea de lo realizado hasta ahora, particularmente en relación con el seguimiento de los precios y las pérdidas; con la persecución y sanción de las actuaciones especulativas, la fijación de estrategias para abrir nuevos mercados y fomentar las exportaciones, y la realización de campañas para incentivar el consumo de productos españoles.
PROBLEMA "MUY GRAVE"
El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, ha lamentado que, desde que en agosto el presidente ruso, Vladimir Putin, tomara la "drástica" decisión de cerrar sus fronteras a los productos agroalimentarios de varios países, entre ellos los europeos, "se están confirmando los peores augurios" sobre los efectos para los agricultores españoles.
"Éste es un problema muy grave", ha advertido, recordando que no se trata únicamente del cierre del mercado ruso sino también de la caída de precios que ese exceso de demanda está provocando y de los movimientos especulativos que algunos están aprovechando para realizar.
Por su parte, el 'popular' Carmelo Romero ha negado que se intente "transmitir la sensación de que el Gobierno no hubiera dado importancia a este problema y se hubiera limitado a aceptar sin más las decisiones de la UE". "Nada más lejos de la realidad. Desde el mismo día del anuncio del veto el Gobierno ha trabajado para paliar sus efectos negativos, siempre de acuerdo con el sector", ha asegurado, respaldando no obstante la propuesta consensuada.
Álvaro Sanz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), también valora el texto, aunque critica que los "juegos internacionales" más relacionados con sectores como el energético que con el agroalimentario tengan estos efectos, porque al final "acaban pagando los de siempre, los sectores más débiles y vulnerables". Por eso, ha pedido que se vaya más allá de meras "medidas coyunturales" y se ataje la especulación desde la regulación pública.
Finalmente, el nacionalista catalán Marc Solsona también comparte la "inquietud" generada por este veto y la "insuficiencia" de las medidas aprobadas hasta la fecha por el Ejecutivo comunitario. "Hay que activar el fondo de gestión de crisis para complementar las medidas aprobadas", ha dicho, reclamando asimismo actuaciones en el ámbito de la fiscalidad o laboral, por ejemplo.
