MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad presentada por el PSOE contra el proyecto de ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro gracias a los votos de PP, CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias (FAC) y el Partido Aragonés (PAR), y a la abstención de UPyD, el PNV y ERC.
El principal partido de la oposición argumentaba en su texto que el proyecto de ley se "reglamentista" y pretende la privatización del Registro de la Propiedad, asignándole además funciones que corresponden al Catastro.
Además, criticaba el plazo de un año que tardará en entrar en vigor, porque dará tiempo a la Iglesia para inmatricular propiedades que aún no estén a su nombre aprovechando el procedimiento extraordinario que, desde 1998, le permite realizar este trámite como si fuera una administración pública, es decir, sin necesidad de presentar pruebas de dicha titularidad.
A juicio del PSOE, con el fin de esta medida excepcional el Gobierno está consagrando las inmatriculaciones realizadas hasta ahora, muchas de ellas con "abuso" por parte de la Iglesia, por lo que reclama que el Ministerio de Justicia revise las más de 4.000 inscripciones que se han producido en el último medio siglo para comprobar que son legales, revirtiendo la propiedad de los bienes a las administraciones públicas si no es así.
DEVOLVERLO AL GOBIERNO SÓLO RETRASA LA SOLUCIÓN
Sin embargo, tanto el PP como los nacionalistas catalanes y vascos han advertido de que pedir la devolución al Gobierno del proyecto de ley es contradictorio con esta intención de evitar que la Iglesia pueda inmatricular más propiedades, ya que el rechazo a esta norma sólo provocaría que, en lugar de un año, la solución se retrase al menos hasta la próxima legislatura.
Además, el partido que da sustento al Ejecutivo defiende que el principal objetivo de esta normativa es mejorar la coordinación entre el Registro y el Catastro en beneficio de los ciudadanos, que así verán reducidos los plazos y el dinero que tienen que destinar a los trámites ante estos organismos.
Una finalidad que comparten CiU y PNV que, además, confían en que el ofrecimiento de negociación que ha realizado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sea sincero y pueda traducirse en mejoras al proyecto de ley mediante la aceptación de enmiendas de la oposición. También UPyD confía en esas buenas intenciones, y por eso ha optado por la abstención.
Finalmente, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y parte del Grupo Mixto (Amaiur, BNG, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai) se han puesto del lado de los socialistas, aunque criticando que ahora se quejen de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica cuando no hicieron nada en toda la pasada legislatura para revertir la situación.
Además, los 'populares' han usado su mayoría absoluta para rechazar también la avocación a Pleno del proyecto que, por tanto, se tramitará en la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena y no deberá volver a debatirse en el Pleno. El plazo para presentación de enmiendas parciales concluye el próximo martes.
