MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá en su sesión de este martes las propuestas que, según CiU, deberían incluirse en un plan integral y específico de apoyo a las pymes, entre las que figuran una mejora del acceso a la financiación, una revisión profunda de su fiscalidad aprovechando la reforma tributaria en la que trabaja el Gobierno o la eliminación de trabas burocráticas.
Los nacionalistas catalanes llevan meses reclamando al Ejecutivo medidas específicas para el colectivo de pymes y autónomos, que conforman la mayor parte del tejido empresarial español. Ahora, tras la interpelación que sobre este asunto plantearon al ministro de Economía, Luis de Guindos, la semana pasada, CiU finalmente presentará negro sobre blanco sus ideas a través de una moción.
En su texto, que recoge Europa Press, CiU pide un Programa Extraordinario de Financiación Bancaria para los años 2014 y 2015 que incluya un coeficiente de crédito que fije la cantidad de crédito que deben conceder las entidades a pymes y autónomos en función de sus depósitos, una programa público del ICO de garantías a proyectos viables y un refuerzo de los instrumentos de financiación no bancarios como los 'business angels'.
OTRAS MEDIDAS
Pero, además, los nacionalistas catalanes creen necesario implementar, en el plazo de tres meses, un programa de competitividad para pymes que incluya "medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y promoción de un código de valores en el marco de I+D+i".
En el marco de la reforma fiscal deberían plantearse soluciones para que las pymes y los autónomos vean reducida su carga tributaria pero también simplificadas sus obligaciones, lo mismo que debería suceder en el ámbito laboral, donde CiU pide más medidas específicas para fomentar la contratación por pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, los nacionalistas catalanes proponen revisar la política energética para "moderar los costes" de las pymes a corto plazo y "estimular políticas de ahorro y eficiencia" a medio y largo plazo; así como reservar a las pequeñas y medianas empresas un porcentaje más elevado de contratos públicos, especialmente en relación con la compra pública innovadora.
Asimismo, piden al Gobierno que cada seis meses presente un informe sobre las medidas de simplificación administrativa que se han puesto en marcha tanto a nivel administrativo como tributario.
