TOLEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama dedicada al contrabando de ajo de origen chino por una valoración total del fraude superior a 1,3 millones de euros. Como presuntos autores de los hechos se han imputado a tres productores y comerciantes de ajo, y a seis transportistas. La operación comenzó en marzo de este año y culminó el pasado lunes día 17.
Las pruebas obtenidas ponen de manifiesto un presunto delito continuado de contrabando, cometido mediante el desvío de 24 tránsitos y 23 exportaciones sin despacho, con un valor en aduana de 1.320.000 euros correspondientes a 576.000 kilogramos de ajo chino y a 552.000 kilogramos de ajo español.
Las investigaciones, realizadas por el área operativa de Castilla la Mancha, han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, informa la Agencia Tributaria en nota de prensa.
La operativa para introducir irregularmente el ajo chino se desarrollaba a través de varias empresas francesas, españolas y marroquíes vinculadas entre sí, que aprovechando las facilidades del régimen aduanero de tránsito comunitario, conseguían desviarlo a consumo en España sin el correspondiente pago de los derechos arancelarios y el IVA a la importación.
Una empresa francesa, utilizando transportistas españoles, enviaba camiones con esa mercancía en tránsito externo a Marruecos. Estas expediciones eran desviadas hasta los almacenes de una sociedad española, donde el ajo chino se descargaba irregularmente y se sustituía por otro de origen español, que era con el que realmente se ultimaba el tránsito en la aduana española de salida a Marruecos.
Las empresas destinatarias marroquíes vinculadas, no interesadas en el ajo chino, recibían y comercializaban el ajo español con la compensación económica correspondiente.
INVESTIGACIONES
Las investigaciones fueron iniciadas a raíz de las denuncias públicas del sector sobre la existencia en el mercado de ajo chino importado irregularmente, y sobre el grave perjuicio económico que para los productores y exportadores españoles representaba, principalmente para los de Castilla-La Mancha.
Los presuntos contrabandistas no solo defraudaban los derechos de aduanas y el IVA a la importación sino que también burlaban las medidas comunitarias de política comercial, establecidas para proteger el cultivo de ajo en la Unión Europea, donde España es el principal productor.
