BRUSELAS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy que ha abierto una investigación en profundidad sobre la financiación del servicio postal británico, Royal Mail, para comprobar si ha recibido ayudas públicas ilegales del Gobierno de Londres.
La investigación se lanza a raíz de las quejas remitidas a Bruselas por parte de los rivales de Royal Mail en el mercado británico, que ha sido liberalizado recientemente. Su apertura permite a las partes interesadas presentar sus alegaciones y no prejuzga cuál será la decisión final del Ejecutivo comunitario.
"Me tomo muy en serio las quejas que hemos recibido. El sector postal está cada vez más abierto a la competencia y los rivales deben tener garantías de que las ventajas de esta apertura no quedarán neutralizadas por subvenciones públicas ilegales", declaró la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado.
Kroes aseguró que, en cualquier caso, el Ejecutivo comunitario verificará que no se cuestione la financiación necesaria para compensar la prestación de servicio público. "Examinaremos con cuidado cada una de las medidas adoptadas por las autoridades británicas para ver si se trata de ayudas de Estado y si tienen un objetivo legal o ilegal", indicó.
Royal Mail es el principal proveedor de servicios postales en Reino Unido y pertenece al 100% al Estado. El monopolio legal sobre los servicios de base de reparto de cartas que tenía se suprimió a finales de 2005. En 2005-2006, su volumen de negocios fue de 13.500 millones de euros, con un beneficio neto de explotación de 570 millones. El grupo emplea a 193.000 personas.
El Ejecutivo comunitario examinará en total 4 medidas. En primer lugar, un préstamo de 740 millones de euros concedido en 2001 a devolver después de 2021 con un tipo de interés fijo destinado a financiar las compras Royal Mail en el extranjero. Kroes examinará si el préstamo se ha concedido en condiciones equiparables a las del mercado.
La Comisión también analizará facilidades de crédito acordadas a Royal Mail en 2003 mediante recursos públicos por valor de 1,48 millones de euros porque, aunque no se hayan utilizado por completo, su existencia puede de por sí dar una ventaja ilegal a la empresa. Asimismo, estudiará la inversión de 1.260 millones de euros en una 'cuenta de garantía' para reducir las contribuciones a las pensiones que el operador debe pagar para acabar con el déficit actual de su fondo de pensión, y otro préstamo de 450 millones de euros anunciado el 8 de febrero de 2007.
Las quejas contra Royal Mail que han servido para lanzar esta investigación datan de agosto y octubre de 2006. De manera general, Bruselas considera que no son ayudas de estado las aportaciones financieras que serían aceptables para un inversor privado en una economía de mercado. Según las autoridades británicas, todas las medidas a favor de Royal Mail se han tomado en condiciones comerciales.
