Advierten de que 15.000 trabajadores pueden perder su trabajo por la fuerte desaceleración del mercado inmobiliario
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Alrededor 200 proveedores y trabajadores auxiliares de la construcción se manifestaron hoy en Madrid para reclamar al Gobierno que actúe ante los impagos de las constructoras e inmobiliarias que se declaran en suspensión de pagos, y ataje "la indefensión de las pymes".
En total, según sus cálculos, hay cerca de 15.000 trabajadores afectados por la crisis del sector, entre los que se encuentran, instaladores, electricistas, fontaneros y profesionales del yeso o la madera, y que podrían perder sus empleos.
La recién creada Asociación de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC), convocante de la manifestación, reclama que la ley obligue a las empresas en suspensión de pagos a asumir sus deudas a sus proveedores, en su mayoría pymes, si se demuestra que tienen liquidez, explicó a Europa Press el presidente de AEPIC, Abraham Carrasco.
El responsable de la organización explicó que muchas de las grandes compañías recurren a la suspensión de pagos para ahorrarse entre el 30% y el 40% del importe que deben a los proveedores.
Asimismo, recordó que han remitido misivas a todos los altos cargos políticos y judiciales, y destacó que seguirán "presionando" al Ejecutivo para que proporcione una "solución rápida" a "mucha gente que está despedida, arruinada y desesperada". "Si tenemos que ir a Bruselas, iremos a Bruselas. No tenemos nada que perder", agregó Carrasco.
A su juicio, el Gobierno tiene en su mano "actuar, presionando a los bancos para que den liquidez al mercado". Por ello, ve necesario una "línea de créditos blandos de crisis" para hacer frente a sus deudas, al mismo tiempo que pide que los bancos "admitan pagarés". "Es una vergüenza que esos documentos tengan validez unas veces y otras no", denunció.
Los representantes de AEPIC leyeron al final de la protesta un manifiesto en el que reclamaron a la Administración que atienda sus peticiones y "no les abandone".
Además, anunciaron nuevas movilizaciones, la próxima previsiblemente en Sevilla, ya que, según informaron, numerosos trabajadores de Andalucía y Valencia se han visto afectados "por la corrupción urbanística".
