En Europa, el 13% de los trabajadores no ve mal falsear las cifras de sus balances como fórmula para sortear la crisis
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El 38% de los trabajadores españoles justifica un soborno cuando se trata de conseguir o mantener un negocio y, con ello, ayudar a sobrevivir a su empresa ante la crisis económica, un porcentaje por encima de la media de los países de su entorno, según el último estudio elaborado por Ernst & Young entre 2.250 empleados de grandes compañías en un total de 22 países europeos.
El estudio indica que España gana la partida en Europa a la hora de "saltarse las normas" con prácticas irregulares para conseguir sus objetivos empresariales, dado que un 80% de los trabajadores españoles así lo manifiesta, frente al 74% en el conjunto de Europa occidental. Entre dichos 'atajos', está el soborno, que justifica el 38%.
La encuesta pone también de manifiesto la falta de confianza generalizada de los empleados en los gestores de sus empresas. Así, un 29% de los preguntados en España no confía en que su compañía esté libre de tener un fraude significativo.
Estrechamente relacionado con ello, también se pone en entredicho la cultura de integridad y honestidad empresarial a la hora de sortear prácticas corruptas. Sólo el 23% de los trabajadores españoles apuesta por que su empresa actúe siempre con dicha integridad, casi la mitad que el porcentaje manifestado por los colegas de Europa occidental: un 46%.
En cualquier caso, el estudio muestra que la mayoría de las empresas ha hecho un esfuerzo en los últimos años para combatir prácticas irregulares, como indica el 40% de los encuestados, que citan como medidas más habituales las auditorías internas, las auditorías externas, los mayores controles y el control del gasto.
MÁS CONCIENCIADOS EN EUROPA.
A pesar de ello, las empresas europeas duplican a las españolas a la hora de impulsar otras medidas, como disponer de un código de conducta y establecer los mecanismos adecuados de detección de fraude a través de auditorías externas e internas de detección de dicho fraude o revisión de los controles internos antifraude. Además, apuestan por programas de formación y concienciación entre los empleados para evitar estas prácticas.
Cuando se trata de identificar a los responsables del fraude, casi tres de cada diez consultados no dudan en señalar a la dirección intermedia, mientras que una cifra similar cuelga la etiqueta de fraudulento sobre la alta dirección. En lo que hay menos duda para la mayor parte de los participantes españoles en la encuesta, más del 80%, es en señalar la responsabilidad del consejo de administración a la hora de implicarse personalmente para combatir el fraude en su empresa.
Un porcentaje similar está convencido de que el Gobierno y los reguladores también deberían reforzar los controles y la supervisión con el fin de aminorar estas prácticas irregulares.
SEIS DE CADA DIEZ CREEN QUE EL FRAUDE AUMENTARÁ.
En cuanto a la evolución del fraude empresarial, el 64% de los empleados españoles está convencido de que éste aumentará ligera o significativamente en los próximos años, frente al 54% que así lo indica de media de Europa occidental. Entre los factores que favorecerán este aumento, citan las presiones por garantizar la continuidad de la empresa, los cambios en la estructura de la plantilla derivados de las reestructuraciones empresariales y la falta de honestidad de los directivos.
El estudio pone también de manifiesto que las prácticas irregulares no están en general mal vistas en los países europeos y el clima actual de crisis económica favorece el fraude entre la alta dirección en Europa. La presión por sortear los 'números rojos' y sobrevivir en el entorno actual hace que un 13% de ellos justifique falsear las cifras de sus balances como fórmula de seguir adelante.
También las situaciones de cambio en las empresas, como las operaciones de compraventa de negocios, las reorganizaciones empresariales o los despidos, constituyen un incentivo para que prolifere el fraude corporativo, ya que el 36% de los encuestados así lo cree y lo achaca a que determinadas políticas y procedimientos podrían ser pasados por alto cuando existen "vacíos de poder" o ciertos agujeros en los controles financieros.
En Europa, el buen hacer de los gestores empresariales también queda en entredicho. De media, en los 22 países analizados, alrededor del 69% pone en duda la integridad de éstos, y en países como Francia e Italia, sólo el 12% pondría la mano en el fuego por un comportamiento ético de sus directivos.
