Los máximos responsables de la eléctrica reclaman el desarrollo urgente de la metodología de los contratos bilaterales y a plazo
BILBAO/MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Accionistas de Iberdrola han expresado su preocupación por las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de cara a intervenir los precios en el 'pool' eléctrico durante su participación en el turno de preguntas de la junta general de accionistas de la compañía, celebrada hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Los accionistas se interesaron, en concreto, por las consecuencias negativas que esta revisión regulatoria podría acarrear para la cuenta de resultados de la compañía correspondiente a 2006, dada la previsible disminución de ingresos del área de generación. En este sentido, instaron a los gestores de la empresa a adoptar las medidas que estimen oportuno de cara a no producir energía eléctrica, en ningún caso, por debajo del coste.
Los máximos responsables de Iberdrola, el presidente Iñigo de Oriol y el consejero delegado, Ignacio Sánchez-Galán, reiteraron en sus respuestas el mensaje transmitido desde la aprobación, el pasado 24 de febrero, de las medidas para establecer el precio para las compras y ventas realizadas por empresas de un mismo grupo en el 'pool' al margen del mercado.
Los ejecutivos de la compañía indicaron en sus intervenciones que las medidas aprobadas por el Gobierno "van en la dirección correcta", dado que pretenden optimizar los sistemas de contratación mediante el desarrollo de contratos bilaterales y a plazo; evitar que los derechos de CO2 que se han entregado gratuitamente a las empresas se recuperen, además, a través de las tarifas, y eliminar progresivamente las tarifas integrales para dar paso a una contratación exclusivamente de mercado.
No obstante, volvieron a reclamar al Gobierno el desarrollo urgente de la metodología de cálculo de los precios de la energía a incluir en la tarifa y de los contratos bilaterales y a plazo, así como el establecimiento del calendario de desaparición de las tarifas integrales. De este modo, estiman que se evitará el riesgo de "arbitrariedad e intervencionismo" que, como han indicado los principales analistas financieros, puede producirse si no se clarifican con urgencia todos los elementos contenidos en la nueva norma.
En cualquier caso, remarcaron que, de no acometerse de forma urgente este desarrollo regulatorio, las empresas podrían verse obligadas a optimizar sus sistemas productivos, pudiendo paralizar ciertas inversiones previstas, y a adaptar la operación de sus centrales a las nuevas circunstancias.
Así, concluyeron tranquilizando a los accionistas al asegurar que se adoptarán todas las medidas precisas para que no se vea afectada la cuenta de resultados de la compañía.
