SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta General Universal de Accionistas de Isla Mágica, participada principalmente por Cajasol y Unicaja, se reunirá mañana para autorizar el procedimiento de resolución del contrato de explotación del parque temático de Sevilla, donde ya está "todo listo" de cara al acuerdo global a firmar con la Consejería de Economía y Hacienda para sacar a concurso las participaciones del negocio y reformular la concesión administrativa mediante la que se ocupan suelos de la isla de la Cartuja.
Fuentes de la negociación indicaron a Europa Press que esta Junta General de Accionistas se convoca con ese único punto del orden del día. Una vez que los accionistas autoricen a la dirección del parque para firmar el acuerdo, previsiblemente se procedería a la firma del convenio con la Junta y se daría luz verde a la convocatoria de un nuevo concurso para hacerse con la propiedad y la gestión del parque, dando así salida al accionariado de las cajas.
Las fuentes explicaron que el adjudicatario de dicho concurso deberá abonar exactamente 37 millones de euros a los actuales accionistas del parque --entre los que destaca Cajasol, con un 70 por ciento y Unicaja, con un 12 por ciento-- por la inversión en activos del parque no amortizados aún, según las cláusulas pactadas para hacer efectiva la rescisión del actual contrato.
El presidente de Isla Mágica, José Luis Galán, ya confirmó al comité de empresa del parque temático de Sevilla la existencia de un principio de acuerdo entre sus accionistas; Cajasol y Unicaja, y la Consejería de Economía y Hacienda en cuanto a la reformulación de la concesión administrativa de la que goza la empresa para funcionar sobre suelos de titularidad autonómica, un consenso que incluye la rebaja del canon a poco más de 200.000 euros pero contempla "condiciones" para la rescisión del actual contrato de participación.
De esta forma, existe un "principio de acuerdo" logrado entre Cajasol y Unicaja y la Consejería de Economía y Hacienda para la reformulación de la concesión administrativa y la salida de las cajas de ahorro del accionariado del parque temático, que afronta un canon anual de 800.000 euros por parte de la Junta de Andalucía pese a que no le son de utilidad buena parte de los suelos adscritos a la citada concesión administrativa.
El principio de acuerdo contempla la rebaja de este canon a poco más de 200.000 euros, nunca a una cuantía superior a los 300.000 euros y renovando la vigencia de la concesión administrativa hasta 2050. Los actuales accionistas, que ven ahora un documento para la "rescisión" del contrato que les vincula al parque temático, recibirían por parte del nuevo comprador entre 30 y 40 millones de euros en concepto de "indemnización" por los activos aportados pero "no amortizados".
CONDICIONES.
El principio de acuerdo incluye también dos "condiciones" muy claras para la dirección del negocio y para Cajasol y Unicaja en cuanto a la rescisión de su contrato. La primera de ellas es la obligación de Isla Mágica de abonar a la Junta los cerca de nueve millones de euros que le adeudaría en concepto del canon anual acumulado en los últimos años, en caso de lo contrario no se haría efectiva la salida a concurso público de las participaciones que desean abandonar Cajasol y Unicaja.
La segunda, que engarza con la primera, obliga a los actuales accionistas a mantener su participación en el negocio hasta que un nuevo comprador asuma el capital social de la empresa y tome las riendas del parque temático.
La negociación tiene como objetivo rebajar el canon que Isla Mágica abona anualmente a la Junta de Andalucía a cuenta de la concesión administrativa otorgada para ocupar suelos de titularidad autonómica en la isla de la Cartuja, donde la empresa afronta el pago de este canon pese a que buena parte de los suelos y activos incluidos en la concesión no le son de utilidad.
Entre los meses de octubre y noviembre, la Consejería de Economía y Hacienda ya entregó a Cajasol un borrador acerca de los posibles aspectos jurídicos de la operación, mientras la dirección del parque espera ampliar el plazo de la concesión, modificar los aspectos espaciales del contrato del terreno y eliminar o reducir el canon devolviendo a la Administración andaluza activos como los Jardines del Guadalquivir o el Pabellón del Futuro.
