BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha iniciado una investigación para determinar si una serie de ayudas concedidas por la Generalitat a la empresa catalana Chupa Chups son compatibles o no con las normas de ayudas estatales del Tratado de la Comisión Europea. Las ayudas incluyen un préstamo de 35 millones de euros concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en septiembre de 2004, informó hoy la Comisión.
El Ejecutivo comunitario "duda de que el Gobierno catalán haya actuado como lo habría hecho un inversor en una economía de mercado; el préstamo, por tanto, podría ser constitutivo de ayuda y falsear la competencia entre Estados miembros".
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, afirmó que ha iniciado una investigación "para determinar los hechos". "Tengo algunas dudas en cuanto al cumplimiento" de las normas europeas de ayuda a empresas con dificultades, dijo. Estas normas "garantizan que las ayudas beneficien efectivamente a las empresas en cuestión y que el dinero de los contribuyentes se utilice correctamente", añadió.
La incoación del procedimiento de investigación formal se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea "para permitir a los interesados formular sus observaciones". "El inicio de la investigación no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión", destacó el organismo comunitario.
CHUPA CHUPS EXPRESA SU "SORPRESA".
Por su parte, fuentes de Chupa Chups expresaron su "sorpresa" por la comunicación de la Comisión, puesto que se trata de un préstamo concedido "a condiciones de mercado", con un tipo de interés del Euribor más el 1,125%, un plazo de 12 años y la Casa Batlló, edificación modernista de Barcelona propiedad de la compañía, como garantía del crédito.
Las citas fuentes afirmaron, en declaraciones a Europa Press, que "la palabra ayuda es lo primero que habría que cuestionar", puesto que "parece que tiene una connotación muy de favorecer a una empresa determinada", cuando se trata de un crédito. "No creemos que vulnere para nada las normas de competencia" y la dirección de la compañía está a la espera de recibir el anuncio oficial de Bruselas, añadieron.
El crédito se concedió con una carencia de dos años, por lo que Chupa Chups acaba de iniciar y actualmente se está amortizando los intereses y el principal. Asimismo, Chupa Chups indicó que el crédito tenía un objetivo "finalista", puesto que una parte iba destinada a cancelar un préstamo sindicato que tenía la compañía y otra para cubrir "necesidades de tesorería" del grupo.
SINDICATOS A LA ESPERA DE UN PLAN INDUSTRIAL.
Fuentes sindicales consultadas por Europa Press indicaron que el anuncio de la Comisión llegó en pleno proceso de negociación de la compañía con las centrales sindicales. Las negociaciones abiertas todavía tienen pendiente de acordar los aumentos salariales de 2004 y 2005 para pasar después a negociar "qué pasará en 2006".
Los sindicatos reclamarán a la compañía un plan industria para "conocer la estructura de la empresa" y saber así "en qué nos movemos".
Las negociaciones, que se iniciaron en diciembre tras meses de conflictividad, han generado "intranquilidad en la plantilla", afirmaron las citadas fuentes sindicales, que reconocieron no tener ninguna noticia sobre la investigación de la Comisión Europea.
INSTALACIONES EN SANT ESTEVE DE SESROVIRES.
Por otra parte, la Comisión de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat aprobó en octubre la recalificación de los terrenos de la compañía en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) para trasladar su centro de producción a una nueva zona del municipio e iniciar en los viejos terrenos, más céntricos, la construcción de 800 viviendas.
Los terrenos donde se ubica la actual factoría de Chupa Chups, calificados como suelo urbano de uso industrial, así como los solares anexos, que el Ayuntamiento reservaba para una eventual ampliación de las instalaciones de la compañía, se han recalificado como zona residencial.
Por otra parte, la Generalitat calificó como suelo urbanizable industrial unos terrenos de 30 hectáreas de superficie que posee la compañía en la zona no calificada de Can Serra, donde se edificarán las nuevas instalaciones de Chupa Chups en un periodo de dos años.
El objetivo de la operación, que contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires y la oposición de la formación política Entesa per Sant Esteve, es permitir el crecimiento de la zona residencial de la localidad. De las 800 nuevas viviendas, 160 estarán en régimen de protección oficial.
