BRUSELAS, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea expedientó de nuevo hoy a España por no haber retirado las condiciones impuestas a la oferta pública de adquisición (OPA) de Enel y Acciona sobre Endesa. Bruselas considera que estos requisitos son ilegales porque vulneran los principios de libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento y porque fueron impuestos sin notificación previa, pese a que el Ejecutivo comunitario tenía competencia exclusiva para examinar esta fusión y la autorizó sin condiciones.
"Esto es un claro signo de que la Comisión no se quedará de brazos cruzados mientras los Estados miembros socavan la legislación comunitaria. Particularmente en un área como esta, de gran importancia para el mercado único en general y para el mercado único de la energía. No podemos tolerar obstáculos a las concentraciones transfronterizas", dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
El Ejecutivo comunitario ya lanzó un ultimátum al Gobierno en diciembre y le exigió que eliminara las condiciones antes del 10 de enero. Sin embargo, las autoridades españolas han decidido de nuevo hacer oídos sordos a las demandas de Bruselas y han contestado que mantendrán los requisitos porque su objetivo es garantizar la seguridad de suministro.
Por este motivo, la Comisión ha decidido dar un paso más y enviar una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Además, ha decidido acortar de dos meses a sólo 15 días, hasta el 21 de febrero, el plazo que tienen las autoridades españolas para responder antes de pasar a la siguiente etapa.
La apertura de un expediente significa que el caso acabará con toda probabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a no ser que el Gobierno cambie de idea durante la tramitación del expediente. La Comisión ya ha llevado ante el Tribunal el decreto de febrero de 2005 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y los requisitos impuestos a la OPA de E.ON sobre Endesa.
Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por la CNE el pasado 4 de julio y modificados en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre.
En concreto, la Comisión vio ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
El Ejecutivo comunitario cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.
