BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea envió hoy una carta de emplazamiento a Francia, primer paso de un procedimiento de infracción, por el decreto que blinda un total de 11 sectores estratégicos contra la entrada de capital extranjero, al considerar que puede ser discriminatorio y vulnerar el principio de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
El Ejecutivo comunitario reconoce que los objetivos de orden público, seguridad o defensa nacional pueden llevar a restringir las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, pero señala que el procedimiento de autorización previa que exige el decreto francés no cumple la exigencia de proporcionalidad en relación a estas metas.
Bruselas cree que la autorización de operaciones de inversión no es un mecanismo adecuado para los objetivos que se buscan, ya que los perjuicios que se trata de evitar podrían ocurrir incluso sin movimientos de capital.
Por ello pide a Francia que demuestre que el procedimiento no irá más allá de lo que es necesario, ya que la entrada de capital extranjero no plantea automáticamente riesgos que exijan una autorización previa.
París tiene que aclarar por qué hay un procedimiento de autorización más duro para las empresas establecidas en la UE pero controladas por inversores de países terceros, teniendo en cuenta que una compañía con base legal en un Estado miembro debería ser tratada como si fuera totalmente comunitaria.
Bruselas también está preocupada por el hecho de que las inversiones realizadas en empresas necesiten una autorización sólo porque una parte marginal de su volumen de negocios venga de actividades que afecten al orden público, la seguridad o la defensa nacional.
Finalmente, la Comisión estima que la inclusión de los casinos en el campo de aplicación del decreto no es satisfactoria, porque éstos deberían estar cubiertos por la directiva sobre blanqueo de capitales.
El Gobierno francés tiene un plazo de dos meses para responder. Dependiendo del análisis de esta respuesta y del diálogo con las autoridades de París, el Ejecutivo comunitario decidirá si pide formalmente modificaciones en este decreto bajo la forma de un dictamen motivado.
