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BRUSELAS, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea reiteró hoy su intención de proponer legislación específica para obligar a los Estados miembros a permitir más competencia en los contratos públicos de armamento, que representan 80.000 millones de euros. El Ejecutivo comunitario considera que, en la actualidad, los países comunitarios excluyen de forma indebida de la obligación de licitación pública la mayoría de los contratos de defensa, ya que sólo el 10% salen a concurso.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreeevy, explicó que la nueva norma "permitirá aumentar la competencia, utilizar de manera más eficaz el presupuesto público a la hora de adquirir equipos de defensa, y dar a la industria de defensa europea un impulso más necesario".
Por su parte, el vicepresidente y responsable de Industria y Empresa, Günter Verheugen, señaló que "la creación de un mercado europeo de equipos de defensa es necesaria para garantizar la flexibilidad y la competitividad de la industria de defensa, que juega un papel destacado para el crecimiento del empleo".
De acuerdo con la legislación comunitaria, los contratos de defensa deben ajustarse a las reglas del mercado interior y someterse por tanto a licitación pública. No obstante, se permite a los Estados miembros excluir los sectores específicamente militares que sean considerados de importancia para sus "intereses esenciales de seguridad".
El Ejecutivo comunitario señala que, como este concepto es bastante vago, el resultado es que la mayoría de los Estados miembros recurre casi automáticamente a la posibilidad de excluir prácticamente todos los mercados de armamentos de las reglas comunitarias y pone en una situación de desventaja a los fabricantes de otros países.
La fragmentación de los mercados nacionales limita la transparencia y la competencia en el mercado de defensa, y ello provoca consecuencias negativas para la eficacia del gasto público, las capacidades militares de los Estados miembros y la competitividad de la industria de defensa europea, según Bruselas.
Como primer paso para mejorar la situación antes de que se presente la nueva directiva de defensa, Bruselas publicó este jueves una comunicación que precisa la interpretación de las reglas comunitarias con el objetivo de evitar que los Estados miembros hagan un uso abusivo de las derogaciones. Sólo podrán excluirse de licitación las áreas de mayor importancia para la seguridad de los Estados miembros, y cada caso deberá analizarse de manera individual según sus propios méritos.
Los Estados miembros gastan conjuntamente un total de 170.000 millones de euros en defensa, de los cuales 80.000 millones salen a contratación pública. Las iniciativas de la Comisión para liberalizar el mercado se suman al código de conducta que aprobaron los Veinticinco y que entró en vigor el pasado julio. España ha decidido no participar para proteger a su industria del armamento.
