BRUSELAS, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea se prepara para expedientar de nuevo a España por la negativa del Gobierno a retirar las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa, que fueron declaradas ilegales por Bruselas en diciembre por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
Una portavoz del departamento de Competencia dirigido por la comisaria Neelie Kroes aseguró a Europa Press que el Ejecutivo comunitario todavía no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades españolas a la exigencia de retirar estos requisitos, pese a que el plazo para hacerlo vencía el 10 de enero.
"Si España no retira las condiciones que la Comisión considera ilegales, Bruselas no tendrá otra alternativa que abrir un procedimiento de infracción", señaló la portavoz. En este momento, la comisaria Kroes todavía no ha decidido en qué momento lanzará este nuevo expediente.
El ministerio de Industria ya ha anunciado que no tiene intención de eliminar las condiciones a la OPA de Enel y Acciona porque las considera compatibles con la legislación comunitaria y necesarias para garantizar la seguridad de suministro.
La apertura de un procedimiento de infracción significa que el caso acabará con toda probabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a no ser que el Gobierno cambie de idea durante la tramitación del expediente. La Comisión ya ha llevado ante el Tribunal el decreto de febrero de 2005 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y los requisitos impuestos a la OPA de E.ON sobre Endesa.
Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por el regulador español de la energía el pasado 4 de julio y modificados en parte por el ministerio de Industria el 19 de octubre.
En concreto, la Comisión vio ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
El Ejecutivo comunitario cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.
