Reitera que las autoridades españolas deben comunicar de antemano a Bruselas cualquier medida que quieran adoptar respecto a la operación
BRUSELAS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha retrasado hasta mayo la apertura del expediente contra España por el decreto que amplia las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que analice la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa, según dijo hoy el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes. El comisario Charlie McCreevy había anunciado inicialmente como plazo la segunda quincena de abril.
El portavoz recordó que McCreevy "ha dicho varias veces que es muy probable que pida al colegio que decida abrir un procedimiento de infracción contra España", por el decreto de la CNE. "Sobre los plazos, hasta ahora no se ha tomado una decisión precisa, y no creo que sea esta semana ni tampoco la que viene", dijo.
El comisario cree que el decreto podría vulnerar la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, y no ha quedado satisfecho con las justificaciones que ya le envió el Gobierno español, con retraso, a finales de marzo.
Paralelamente, la responsable de Competencia, Neelie Kroes, prosigue su análisis sobre la OPA de E.ON "para decidir si considera que puede tener un impacto negativo sobre una competencia efectiva", explicó el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger. En este caso, el plazo obligatorio para tomar la decisión vence el 25 de abril, y antes de que termine ese día la comisaria decidirá "si aprueba la OPA o abre una investigación en profundidad que durará 90 días laborables".
El portavoz recalcó que el análisis que realice Kroes de la operación será "puramente factual y legal, como en todos los casos de concentraciones que caen en su jurisdicción". Por lo que se refiere a las decisiones que puedan tomar las autoridades españolas respecto a la OPA, Laitenberger subrayó que la Comisión "tiene la potestad exclusiva para analizar todos los aspectos de competencia del caso".
Recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha escrito a las autoridades españolas "para recordarles que cualquier medida que tomen en relación a la OPA tiene que notificarse a la Comisión". Estas medidas tienen que basarse en otros motivos que no sean la competencia.
Bruselas verificará entonces si están justificadas por un "objetivo de política pública definido", si son "proporcionadas" al objetivo que persiguen y si están en "plena conformidad" con la legislación comunitaria, en especial el libre movimiento de capitales, el derecho de establecimiento y la no discriminación por razones de nacionalidad.
