CiU rechaza ser el único apoyo parlamentario del Gobierno pero asegura que no será "obstruccionista" en materia económica
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados ha registrado una iniciativa con la que pretende cambiar la legislación sobre morosidad en las operaciones comerciales fijando un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que permitiría acabar "con la primera causa de muerte de las pymes" y garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora.
Así lo aseguró en rueda de prensa el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien aseguró que la morosidad es la primera causa del incremento del paro en España y denunció que, aunque la ley actual ya habla de plazos de 60 días, éstos se superan sistemáticamente, llegando a superar los 230 días en el sector de la construcción y hasta los 660 días cuando los deudores son organismos públicos.
De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.
Según Sánchez Llibre, esta es una de la principales reclamaciones que les han transmitido las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos con las que se ha reunido, y advirtió al Gobierno de que se trata de la misma exigencia que llevarán en la concentración que han convocado para finales de marzo a las puertas del Congreso, lo que muestra la "necesidad" de esta iniciativa.
DUPLICAR INTERESES DE DEMORA.
Además, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.
La federación nacionalista también quiere endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios.
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA MOROSIDAD
Las organizaciones empresariales serán "legitimadas" para ejercer acciones colectivas de "cesación y retractación" contra las empresas que incumplan de "forma habitual" los plazos de pago.
Por otro lado, plantea la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, con la participación de las administraciones públicas, agentes económicos y sociales, que elaborará informes y recomendaciones sobre esta cuestión, en coordinación con los organismos autonómicos competentes.
El portavoz adjunto parlamentario de CiU, Pero Macías, urgió al Gobierno a apoyar esta medida, que tiene la intención de llevar al Pleno del Congreso antes de junio, como ha hecho con otras propuestas suyas, como la Ley de Fomento del Alquiler, y vinculó esta reclamación con la propuesta de CiU de alcanzar un Pacto de Estado en materia económica entre todas las formaciones políticas y agentes económicos.
PIDE AL GOBIERNO PROPUESTAS RAZONABLES.
Macías negó que esto suponga una invitación de CiU al PSOE de cara a afrontar la presente legislatura con un pacto estable entre ambas formaciones, ya que aseveró que este "gran acuerdo" no puede ser suscrito "sólo con una minoría" parlamentaria, sino que requiere del "consenso de todos", incluyendo a agentes sociales.
En cualquier caso, dejó claro que CiU no será "obstruccionista" con aquellas propuestas que presente el Gobierno en materia económica que le parezcan "razonables", si bien lamentó lo "inadecuado" de las que hasta ahora ha presentado el Ejecutivo, en especial en lo referido a temas laborales.
