MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) propone que en el próximo Real Decreto en el que se regula la actividad de distribución de energía eléctrica se introduzca una disposición adicional en la que se obligue a las empresas distribuidoras a informar en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del texto acerca de aspectos como la seguridad y los niveles de carga de las redes.
El regulador realiza esta consideración en su informe 23/2007, difundido hoy pero aprobado por el consejo de administración del pasado 26 de julio, apenas tres días después del apagón de Barcelona.
La disposición adicional sugerida por la CNE establece que las distribuidoras deben presentar propuestas de procedimientos de operación al Ministerio de Industria, previo informe al propio regulador energético, sobre aspectos como el funcionamiento y la seguridad de las redes, los niveles admisibles de carga en las mismas o las tensiones máximas en los nudos de las redes de distribución.
Además, se presentarán propuestas sobre otros aspectos como la previsión de demanda, los planes de mantenimiento de las redes de distribuición, la comunicación entre agentes, las actuaciones en situaciones de alerta y emergencia o el control de las tensiones de las redes.
NUEVO MARCO PARA LA DISTRIBUCIÓN.
El informe se pronuncia sobre la propuesta de Real Decreto sobre distribución eléctrica, elaborada por el Ministerio de Industria. Este decreto recoge la metodología retributiva para la distribución de energía y trata de solucionar algunas deficiencias detectadas en la anterior legislación.
Entre estas deficiencias, señala la CNE, figuran la distorsión que supone para los incentivos de las empresas distribuidoras que se produzcan incrementos retributivos derivados de los crecimientos en el mercado de sus competidoras, o la existencia de la actividad de suministro a tarifa dentro de la actividad de distribución, que entra en conflicto con las directivas comunitarias.
Además, la CNE valora en conjunto "muy positivamente" la propuesta de Real Decreto presentada por Industria, aunque pide que se incluyan algunas referencias a la ordenación en la retribución de los sistemas de distribución, de modo que se establezca una relación clara entre ingresos y costes.
